126 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 Yucatán y Quintana Roo. A pesar de la distancia, o más bien gracias a ella, ahora podemos tener una mirada de conjunto sobre este megaproyecto, ya que muchas de las incertidumbres o especulaciones se han resuelto, y hasta podemos aligerar la carga que impone el momento político para colocar nuevamente una mirada sobre los hechos iniciales que fueron configurando ese megaproyecto. Específicamente buscamos analizar, desde la perspectiva de género, la consulta indígena que desde el discurso oficial otorgó legitimidad y legalidad al Tren Maya de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. Los días y meses posteriores a las elecciones presidenciales eran de gran expectativa nacional e incluso internacional por conocer la política concreta del nuevo gobierno. En su página electrónica oficial, López Obrador (2018), ya como presidente electo, anunció mediante un comunicado el proyecto más importante de su gobierno y la urgencia del mismo, afirmando que desde el primer día de su mandato lanzaría las licitaciones para comenzar de inmediato la construcción del Tren Maya. Después del anuncio de Obrador, compareció en la Cámara de Diputados federal, el entonces encargado del proyecto Tren Maya, Rogelio Jiménez Pons, el cual manifestó que “el proyecto ha generado mucha expectativa e interés de inversionistas, por lo que ya empezaron acercamientos con empresarios de máximo nivel. Estamos en pláticas con muchos países en este momento, como Canadá, China y Francia; muchos países” (Garduño & Jiménez, 2019). Ese mismo día, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado “aseguró que en el Presupuesto de la Federación 2019 vendrán etiquetados los recursos para el arranque del proyecto del Tren Transístmico y el Tren Maya” (La Jornada Maya, 2019). En aquellos momentos de euforia popular y mediática casi generalizada, quedaron prácticamente invisibilizadas las voces que se preguntaban por el respeto de los derechos de los pueblos indígenas de la región donde se afirmaba sería construido el tren. Los primeros derechos indígenas que parecían desconocerse era el de autodeterminación, derecho a la no asimilación forzada ni destrucción de su cultura, derecho a la posesión y dominio de sus territorios ancestrales y el derecho a establecer su propio proyecto de desarrollo, de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (2007). El discurso oficial avanzaba sobre una legitimidad electoral histórica, sostenida a su vez por un respaldo popular también inédito, en muchas décadas, a la figura presidencial. Por lo tanto, era fácil quedar al margen de la fiesta preguntando ¿y por qué el nuevo gobierno no dialoga, no pregunta, no construye un proyecto económico y social con los pueblos indígenas de la región, en vez de imponer el suyo?, ¿por qué comenzar las pláticas y negociaciones con los gobernadores; con los gobiernos y empresas de Canadá, China y Francia y no con los pueblos de la Península de Yucatán y el Sureste de México que gozan del derecho de autonomía en sus territorios? En un acto de simbolismo político y mediático, el 16 de diciembre de 2019, apenas dos semanas después de haber tomado posesión, López Obrador colocó la primera piedra de su Tren Maya. Se sabe que estos gestos tienen un peso importante en el mundo capitalista, pues son símbolos
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