122 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 Es por ello que instancias como la see han generado documentos como “Viruela del mono (monkeypox). Cómo abordar el control de las enfermedades transmisibles con perspectiva de género y diversidad afectiva y sexual” (2022), que hace principal hincapié en el poder del discurso. En este documento se señalan una serie de recomendaciones para la divulgación de información a partir de un lenguaje incluyente, la elaboración de mensajes con información “precisa, completa y actualizada” (2022: 3), la generación de confianza a través de información sobre “las vías de transmisión y la población afectada” (: 3), la corresponsabilidad al momento de la toma de decisiones sobre la vida sexual de las comunidades, así como el involucramiento de las comunidades con la enfermedad, es decir que cada mensaje en el que se aborde esta enfermedad promueva el respeto por las personas contagiadas a fin de que el temor por la estigmatización y la discriminación no se convierta en un factor de riesgo. Si bien parece que estas recomendaciones están destinadas a los medios de comunicación, la SEE aclara que se trata de medidas que están dirigidas también a sectores de toma de decisión, gobiernos locales, líderes de movimientos y a personal de atención médica, quienes deben formularse como actores imprescindibles en el control de esta y otras enfermedades. La viruela del mono no sólo se trata de una enfermedad que enciende las alarmas en los organismos internacionales ante los casos atípicos y la poca información al respecto. Si bien desde el siglo pasado ya se cuenta con una vacuna, el acceso a la misma se agrava ante condicionantes geopolíticas del llamado “nacionalismo vacunal” (Kavanagh, en onusida, 2022b) que durante la pandemia de covid-19 acaparó la mirada a países desarrollados, en cuyos territorios se encontraban las farmacéuticas encargadas de las vacunas. Se trata de un ejemplo más de cómo el Estado y sus acciones a favor, en este caso, de la salud de la población, están condicionadas a las industrias como la farmacéutica. “El repetir el nacionalismo vacunal y las desigualdades en lo que al reparto de las vacunas se refiere únicamente prolongará el brote del virus y aumentará injusta y profundamente el sufrimiento creado por el mismo” (2022b). Como señala Illich, ante la institucionalización y, más aún, la mercantilización de la salud, “la enfermedad es un síntoma de corrupción política y será eliminada cuando se limpie el gobierno” (1975: 140). Se trata entonces de que las organizaciones internacionales fijen una ruta en la que no solamente lance recomendaciones a los gobiernos de sus Estados miembro para generar acciones para preservar los derechos humanos, sino que se inste a los verdaderos poderes hegemónicos, como son las industrias capitalistas, las farmacéuticas, a comprender que, si bien estamos inscritos en una economía capitalista, no es posible seguir manejando la vida humana como un producto comercial. Forcades (2006), por su lado, apunta que la industria farmacéutica se ha aprovechado de su riqueza y sus medios de producción para comercializar, entre otros, medicamentos no tan útiles o nocivos; fomentar los monopolios priorizando la venta sobre la salud de los enfermos y su capacidad adquisitiva; reducir la investigación de enfermedades que impactan principalmente a sectores vulnerables o vulneraos de la población, y a través del sometimiento de los gobiernos para generar legislaciones que les favorezcan (2006: 15-16), un factor que estuvo presente en los tratamientos y la vacuna para COVID-19, y que con la viruela del mono pueden agravar el impacto de la enfermedad para las comunidades vulneradas. Vale la pena recordar que esta enfermedad está presente en el mundo desde el último cuarto del siglo pasado y que a la fecha no se ha encontrado una cura, siendo la vacuna una respuesta con sólo 85% de efectividad, y cuyo reparto ha sido inequitativo, considerando que el surgimiento de la enfermedad está en países marginados del continente africano.
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