DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 111 Para Grabendorff (2021), la ampliación de las tareas de las Fuerzas Armadas en la región “es el resultado tanto de cambios en las condiciones macro de carácter externo y transnacional, como de las defectuosas instituciones civiles del Estado” (2021: xxii), lo que explica la multifuncionalidad adquirida. Este autor reconoce que esta expansión de “misiones” es lo que a menudo se critica como militarización, siendo en realidad un problema de escasez de instituciones estatales civiles. Pese a todo, él mismo apunta que, estructuralmente, las consecuencias “de tal política fortalecen, desde ya, la influencia de los militares en el Estado y la sociedad, sumando tensión a las relaciones cívico-militares y erosionando los procederes democráticos” (2021: xxii). El riesgo del trastocamiento y los desbalances en las relaciones cívicomilitares es mayor para la vigencia de un Estado democrático de derecho que debe estar anclado al máximo respeto de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la protesta social. A modo de conclusión La consolidación del poder militar, más allá de su caracterización en términos de militarización o militarismo, constituye un desafío mayúsculo para el proyecto democrático, sobre todo en circunstancias de fragilidad institucional como las que existen en México por causa de una transición fallida que ha quedado lejos de saldar deudas sociales históricas y aún más lejos de incidir en la democratización de los cuerpos de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que la militarización de la vida pública-gubernamental que ha sido consecuencia de la normalización de la militarización de la seguridad pública, ha pavimentado una ruta de empoderamiento de las Fuerzas Armadas. Reconocer en esta institucionalidad capacidad y legitimidad para todo proyecto que se les asigne, aproxima una transformación de orden cualitativo en la escala de valores sociales, una escala, como se ha mostrado en la anterior nota a pie de página, de por sí favorable a la aceptación y la afirmación de los valores castrenses. Que esta transformación se presente en el contexto de una democracia insuficiente y además erosionada, es de la mayor preocupación. ¿Acaso es el destino de los procesos inacabados de democratización? Más allá de lo indeseable que pueda ser la militarización para el sistema democrático, el dilema es que el despliegue militar y de la lógica militar no rompa el marco constitucional (Bravo & Ríos, 2020), lo que implicaría, entre otros elementos, un mando civil para las Fuerzas Armadas y una clara y precisa regulación de su participación en tareas de seguridad pública, de conformidad con los estándares democráticos establecidos en el sistema interamericano de derechos humanos. El inesperado panorama que se ha retratado supone una amenaza para la relación entre protesta y Estado, entre una sociedad activa, participativa y en movimiento, y una institucionalidad civil debilitada y desplazada. México ha pasado ya por oscuros capítulos en los que las Fuerzas Armadas, el informe de Latinobarómetro (2021) confirma que las Fuerzas Armadas, en México (48%) y América Latina (44%), son la segunda institución más confiable, detrás de la Iglesia (53% y 61%, respectivamente).
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