110 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 En este tenor, con relación a la militarización de la seguridad pública, mención especial merece el acuerdo publicado por el presidente el 11 de mayo de 2020, con el que facultó a las Fuerzas Armadas a coadyuvar con la Guardia Nacional hasta en tanto esta no se consolidara, elevando a rango constitucional su despliegue bajo criterios débilmente regulados.22 Por lo que toca a la participación de las Fuerzas Armadas en ámbitos de la vida pública-gubernamental hasta hace poco constreñidos a personas civiles, cabe subrayar que este ensanchamiento comenzó tempranamente en el sexenio con las acciones de combate al robo de combustible, estrategia en la que el presidente incorporó al Ejército en tareas de resguardo de zonas conflictivas y custodia de pipas de combustible, y continuó con tareas concretas como el traslado y la distribución de libros de texto gratuitos o, en el caso de la Marina, la contención del fenómeno del sargazo en las playas del Caribe mexicano. En los últimos años, las Fuerzas Armadas han tenido entre sus encargos: la vigilancia de las fronteras con el fin de frenar el paso de migrantes centroamericanos que se dirigen a los Estados Unidos; la entrega de programas sociales; la instalación y administración de viveros; la distribución de equipos e insumos médicos; la elaboración de trajes para el personal médico; la remodelación de hospitales; la distribución, custodia y aplicación de vacunas contra el SARS-CoV-2; la construcción del nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía que el Ejército tiene bajo su administración, sucursales del Banco de Bienestar, cuarteles de la Guardia Nacional y tramos del Tren Maya —que también será administrado por el Ejército—; la vigilancia de aeropuertos y carreteras; y el control de puertos y aduanas. Según un recuento realizado por el diario El Universal (Ortiz & Espino, 2020), López Obrador le había solicitado a las Fuerzas Armadas con corte a julio de 2020, 13 tareas adicionales. Para marzo del siguiente año (Espino, 2021), eran ya 27 encomiendas, con lo que en ocho meses acumularon casi dos actividades más por mes. El empoderamiento de las Fuerzas Armadas es tal que se ha llegado a conjeturar que para cada problema en México hay una solución militar (Storr, 2020). Habilitar a las Fuerzas Armadas como “primer respondiente” ante cualquier asunto que requiere de intervención pública es síntoma de un problema mayor, vinculado a la crisis de las instituciones civiles, entre ellas los cuerpos policiales. Pensar la Guardia Nacional como una institución dentro de la esfera militar sería en este orden de ideas reflejo de una estrategia que busca capitalizar el prestigio y la confianza que aun en medio de casos de graves violaciones a los derechos humanos, suscitan las Fuerzas Armadas. Y esto se presenta no sólo en México, sino en la región.23 22 El acuerdo establece que esta actuación debe ser de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, criterios que quedaron asentados en la Constitución con la creación de la Guardia Nacional a partir de lo establecido por la CoIDH en el Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. Pero el acuerdo solamente los enuncia, sin desarrollarlos, e incluso los contradice. 23 Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, 90.2% de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira, seguida del Ejército con 87.8% y la Guardia Nacional con 82.7%. En cambio, las policías están por debajo del 60%: policía estatal (58.6%), policía ministerial (57.7%), policía municipal (55.1%) y policía de tránsito (47.2%). El más reciente
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