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2 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, de la Universidad Iberoamericana Puebla COMITÉ EDITORIAL Alonso González, Claudia Arrambide González, María del Rosario Arroyo Relión, Elisa Sarahí Cariño Cepeda, Iliana Galilea Carvajal Bretón Renata Chávez Flores, Luis Fernando Chávez Ortiz, María Guadalupe Corona Jiménez, Miguel Ángel Corona Román, Juan Alberto Cortés Cabrera, Gabriela Coyotecatl Contreras, Jessica Malinalli Cruz Carvajal, Cristina Cuamatzi Cuamatzi, Adán Durand Alcántara, Carlos Humberto Galindo Vilchis, Luz María Gamboa Muñoz, Ana Laura García Vásquez, Eduardo Rafael González Marín, Alejandra Granados Delgado, Ixchel Mallely Gutiérrez Contreras, Juan Carlos Hernández León, Simón Alejandro Maldonado Gutiérrez, Leopoldo Maldonado Ramírez, Jhonathan Manjarrez Rosas, Josefina Mendoza Zárate, Gabriel Nava, Felipe Núñez Cuétara, Mercedes Pérez Díaz, Marisol Pié Balaguer, Asunción Rodríguez Sánchez, Guisela Nathaly Rosete Guzmán, Roberto Sánchez Acevedo, Eliel Serrano García, Sandra Utrera Capetillo, Jessica Adalí Villa Rojas, Yennifer Paola CONSEJO CONSULTIVO Arrambide González, María del Rosario Bayer, Anita María Cortez Morales, Edgar García Vásquez, Eduardo Rafael González Marín, Alejandra Sánchez Díaz de Rivera, María Eugenia Sandoval Terán, Areli Soto Badillo, Oscar Desiderio Villaseñor Pineda, Silvia Arturo Cielo Rodríguez Diseño de portada Juan Jorge Ayala Corrección de estilo Diseño y formación tipográfica Juan Jorge Ayala D.R. © Universidad Iberoamericana Puebla, 2024 Boulevard del Niño Poblano 2901 Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl San Andrés Cholula, Puebla. C.P. 72820 www.iberopuebla.mx www.idhieibero.org Derechos Humanos Anuario, año 7, No. 7, 2023, es una publicación anual editada por la Comunidad Universitaria del Golfo Centro A. C., Blvd. del Niño Poblano núm. 2901, Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, C.P. 72820, Puebla, tel. (222)372.30.00, www.iberopuebla.mx. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2019-041217594000-203, ISSN 2594-0201, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, Blvd. del Niño Poblano 2901, Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, C.P. 72820, Puebla, tel. (222)372.30.00, extensión 14200. Fecha de última actualización: febrero 2024.
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DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 5 ÍNDICE Presentación........................................................................................... 7 01 ENTREVISTAS Perspectiva actual de los derechos humanos en El Salvador Luis Mauro Izazaga Carrillo ....................................................... 11 Caso García Rodríguez y Reyes Alpízar. Una sentencia paradigmática por la aplicación del arraigo y de la prisión preventiva en México Rosario Arrambide González ........................................................ 19 No fue suicidio, fue feminicidio: la experiencia del OCNF en el acompañamiento del caso de Mariana Lima Buendía y los obstáculos para acceder a la verdad y a la justicia durante doce años Ana Laura Gamboa Muñoz ..................................................... 27 Macrocriminalidad e impunidad: deudas del Estado mexicano frente a las víctimas de trata Erendira Magdalena Luna Gil ................................................... 37 Reflexiones en torno al acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos: aprender a acompañar Alexia Martínez Montalban ................................................... 47 Violencia contra personas defensoras de la vida y el territorio en la región Cholulteca y los Volcanes. Del terror sufrido a la esperanza construida Roberto Rosete Guzmán ............................................................ 57 Derechos vulnerados en el ejercicio de la crianza Claudia Alonso González ......................................................... 63
6 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 02 ARTÍCULOS #Hastaencontrarles: atención y acompañamiento integral a familiares de personas desaparecidas en México Jessica Adali Utrera Capetillo.................................................. 73 La protesta social en México: entre la criminalización y la militarización Roberto Alonso Muñoz ........................................................... 97 Discriminación y Viruela Símica: vínculos de vulneración a derechos humanos en las comunidades LGBTTTIQ+ Alex David Ortiz Cueto ........................................................... 115 La falta de perspectiva de género en la consulta indígena del Tren Maya Edén Alcíbar Cruz .................................................................. 125 Alcances del cumplimiento a la sentencia del caso Tzomplaxtle Tecpile y otro vs. México, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos María Wendolyn Marroquín Melo ..........................................143 El impacto de las garantías de no repetición en el sistema jurídico mexicano en casos en que México ha sido parte ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Grecia Nataly Guzmán Velasco ............................................165 Derecho comparado de los derechos humanos. Metodología, clasificaciones y modelos Jorge Alvar Contreras Segura ...............................................181 03 PONENCIAS “Libertad de expresión en México: entre la negación y la estigmatización desde el discurso público” Leopoldo Maldonado .............................................................201 “Retos y desafíos para los ombudsman en América Latina a 74 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos” Pablo Ulloa ............................................................................202
DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 7 PRESENTACIÓN La crisis de derechos humanos que vive el país ha alcanzado cifras récord desde el inicio de la mal llamada “guerra contra el narco” en 2006. La persistencia de la violencia como resultado de un fallo transexenal para poner fin a las violaciones sistemáticas de derechos humanos, pone en cuestión el papel de las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. Ante la institucionalización de la impunidad, la defensa y promoción de derechos fundamentales ha pasado a ser una práctica cotidiana de personas de a pie como madres, padres, hijos e hijas. Ante este contexto, la presente edición del Anuario de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. (IDHIE), de la IBERO Puebla, es resultado de las miradas críticas y diversas que abordan desde estrategias integrales de acompañamiento a familiares de víctimas de feminicidio y a colectivos de familiares de personas desaparecidas, hasta las formas vigentes de discriminación y vulneración de derechos a personas LGBTTTIQ+, derivados de pandemias virales. Para comprender el contexto en donde se sitúan los y las autoras, es preciso recordar que durante el año 2022, se superó la cifra de 100,000 personas reportadas como desaparecidas;1 además de que se registraron 959 feminicidios, la segunda cifra más alta reportada desde 2015.2 Tan sólo un año antes, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), en su visita a México, dio cuenta de la “impunidad casi absoluta”1 derivada de la falta de investigación y de los pocos casos de desaparición que derivan en sentencias. Además, precisó que, si bien los hombres son las principales víctimas, la desaparición de mujeres, niñas y niños, ha sido el medio para ocultar otros delitos como el feminicidio, la violencia sexual, la trata de personas y la explotación sexual.3 Temas como la trata de personas, la incorporación de la perspectiva de género en la investigación del feminicidio de Mariana Lima Buendía, hasta el ejercicio de la crianza como acto para evitar la perpetuación de violencias patriarcales, son algunas de las discusiones que se abordan a través de entrevistas a personas expertas en la materia y que conforman la primera sección del Anuario. Además, se cuenta con una rica conversación con Francisco Samour, 1 https://hchr.org.mx/comunicados/mexico-el-oscuro-hito-de-100000-desapariciones-refleja-unpatron-de-impunidad-advierten-expertos-de-la-onu/ 2 Según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. https://drive.google.com/file/d/1wAeP-Woy4z2jVrA5X49nWLNMbKTUvtnQ/view 3 https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Comite-contrala-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf
8 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 teólogo crítico de las iniciativas impulsadas por el actual presidente de El Salvador, que ponen en perspectiva hechos fundamentales para la comprensión del panorama político del país centroamericano. Por otro lado, la perspectiva de Simón Hernández sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso de García Rodríguez y Otros vs. México, brinda un panorama de urgencia para eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa como medida que da pie a la vulneración al debido proceso. También, el caso de Alejandro Torres Chocolatl, defensor de la vida y el territorio del municipio de Juan C. Bonilla, da cuenta del uso ilegítimo del poder público como acto inhibitorio de la organización comunitaria, ante intereses extractivos que amenazan a la región. Para dar paso a la sección de Artículos, la participación de Jessica Utrera Capetillo relata las estrategias integrales para el acompañamiento de colectivos que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Por otro lado, Roberto Alonso explora de forma crítica la persistencia de la criminalización de la protesta social, enmarcada en una estrategia de militarización de la seguridad pública que se ha afianzado por la extensión de la presencia de la Guardia Nacional en las calles y por su traspaso a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El despliegue de las fuerzas armadas también ha tenido injerencia en obras públicas prioritarias para el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Para ahondar en otras dimensiones de las violaciones a derechos humanos que se llevaron a cabo en el proceso de construcción del Tren Maya, el artículo de Edén Alcíbar Cruz plantea que la omisión por parte del gobierno para incorporar la perspectiva de género en la consulta indígena para la construcción del megaproyecto, es un hecho que constituye una violación al derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio. El artículo “Alcances del cumplimiento de la Sentencia del Caso Tzomplaxtle Tecpile y otros vs. México, dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” da cuenta de las posibles repercusiones que esta sentencia podría tener en la suspensión de la figura de arraigo y prisión preventiva oficiosa. Además, la valiosa contribución del artículo de Grecia Macías hace un recuento de las sentencias emitidas por la CoIDH hacia México, para la aplicación e incorporación al sistema jurídico mexicano, de las recomendaciones para garantizar la no repetición de las violaciones a derechos humanos. Por último, la sección de Ponencias está integrada por la conferencia inaugural del Seminario de la Cátedra Ignacio Ellacuría, con la participación de Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 en México y Centroamérica. A través del trabajo de monitoreo, la organización hace un recuento de la disputa narrativa del Estado para posicionar el discurso oficial como la única verdad. Discurso que niega la violencia letal y las agresiones a las que se enfrenta la prensa derivada de su labor periodística. Por otro lado, Pablo Ulloa, defensor del pueblo de República Dominicana, retoma los retos a los que se enfrentan los ombudsman de la región. Como cada edición, el IDHIE busca retomar perspectivas diversas que trabajan por la consolidación de un mundo más justo y donde la polifonía de voces haga eco de las distintas luchas que se gestan en los diversos rincones de México. El presente proyecto editorial continúa con su objetivo de contribuir a la reflexión y el análisis de la situación de derechos humanos, con miras a atender las problemáticas que más nos aquejan como país.
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DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 11 PERSPECTIVA ACTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR1 Francisco Rogelio Samour Hernández2 Entrevistado Luis Mauro Izazaga Carrillo3 Entrevistador Resumen: La entrevista con Francisco Samour gira en torno al retroceso que realmente ha significado para El Salvador las decisiones que el presidente Nayib Bukele ha tomado con respecto a la seguridad pública del país según los Acuerdos de Paz de 1992. Si bien, el presidente Bukele, ha logrado controlar el problema de las pandillas, lo ha hecho con una regresión a los métodos propios de la pre-guerra, sin resolver realmente el problema de la desigualdad y la pobreza en El Salvador y sin consolidar procesos de reparación de los efectos psicológicos y sociales de la guerra civil en la población salvadoreña. Mauro Izazaga: Profesor Francisco Samour, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Agradezco su tiempo para dialogar sobre los derechos humanos en El Salvador. Francisco Samour: Muchas gracias a ti, Mauro, por la oportunidad que me das de poder hablar sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador. Desafortunadamente, la situación es bastante engañosa. Por un lado, el presidente Bukele ha logrado reducir dramáticamente los niveles de violencia y delincuencia; por otro, esto ha sido a costa de los derechos humanos de todos 1 Esta entrevista se dio en el contexto de la reciente migración a México del maestro en Teología Francisco Samour, huyendo con su familia de lo que percibe como un giro negativo en el entorno social y político de El Salvador. Tuvo lugar durante el mes de abril de 2023, en su actual lugar de residencia en la ciudad de Puebla. 2 Maestro en Teología por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA, El Salvador), licenciado en Teología por la misma universidad y licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad de Comillas, Madrid (por examen de universa por acuerdo con el Centro Monseñor Romero de la UCA). Se desempeñó durante 10 años, de 2013 a 2022, como empleado de la Presidencia de la República, incluyendo participación en procesos de diálogo de la ex Secretaría de Gobernabilidad de 2015 hasta 2019. 3 Maestro en Educación Superior por la BUAP. Profesor en el Departamento de Reflexión Interdisciplinar de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Publicaciones: en coordinación con Helena Varela y Óscar Castro, Ignacio Ellacuría en las fronteras; en coordinación con Hilda Patiño, Persona y educación.
12 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 los salvadoreños, con un estado de excepción que ya ha sido renovado al menos 14 veces desde marzo de 2022. El presidente alega que los derechos humanos que le importan son los de la población honrada y no los de los delincuentes, pero primero: esto no es del todo cierto, porque durante el régimen de excepción se ha capturado a mucha gente inocente e incluso, según reportes del PNUD, Amnistía Internacional y Cristosal, muchos inocentes han muerto en las cárceles. A esto, el presidente Bukele le llama “daño colateral”. Segundo: todos los seres humanos somos sujetos de derechos humanos, independientemente de que hayamos cometido un crimen o no, esta es una realidad que no debemos dejar que opaquen los populismos y los que buscan soluciones simplistas y fáciles al problema de la violencia y la delincuencia. Es necesario entender que un país como El Salvador debe cambiar de estructuras sociales; no se trata de acomodar a garrotazos a la población en las estructuras de pecado, por usar un término teológico, que existen, provocan muerte y violentan los derechos humanos de todas las personas de la sociedad salvadoreña. Mauro Izazaga: ¿Considera usted que la llegada de Nayib Bukele a la presidencia ha sido un retroceso en lo que se había ganado —poco o mucho— sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador? Francisco Samour: Sí, es un retroceso. Si bien después de los Acuerdos de Paz en El Salvador los avances en materia de derechos humanos se fueron dando de forma lenta y con muchas trabas por parte de los gobiernos de ARENA y el FMLN, al menos los defensores de derechos humanos y los periodistas tenían algún margen para hacer su trabajo y denunciar irregularidades por parte del Estado y las autoridades de seguridad. Lo anterior puede verse en la manera en que medios como El Faro y otros pudieron destapar casos de corrupción y ayudaron a llevar a la cárcel a figuras como los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes. Actualmente, los periodistas y defensores de derechos humanos en El Salvador son perseguidos y acosados incansablemente por agentes del gobierno y en redes sociales. También durante las presidencias de Mauricio Funes y Sánchez Cerén funcionó una Secretaría de Inclusión Social, a través de la cual el Estado promovió causas a favor de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la inclusión de sectores marginados de la población y otros temas relacionados. Esto ya no existe con el gobierno de Nayib Bukele. La Secretaría de Inclusión Social desapareció, todo el personal vinculado a ella fue despedido en 2019, y si bien el presidente Bukele se mostró en un inicio a favor de temas relacionados a la inclusión social y los derechos sexuales y reproductivos, su postura pronto cambió para mantener contentas a las élites que realmente gobiernan El Salvador, que suelen ver con desconfianza y rechazo estos temas y la defensa de los derechos vinculados a los mismos. Pero, sobre todo, el retroceso se ha dado en relación a controlar la delincuencia a través de un estado de excepción que permite a la policía capturar
DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 13 y meter a la cárcel a quien sea, sin pasar por un proceso de juicio ni presunción de inocencia. Uno puede ir a la cárcel sólo por tener vínculos distantes con algún sospechoso de ser pandillero o porque simplemente le cae mal a un policía o un soldado. Luego de que con los Acuerdos de Paz de 1992 se había logrado establecer una Policía Nacional Civil, hoy se ha regresado a los tiempos de una policía militarizada, a favor de las élites y lejana a trabajar colaborando con la población. También los derechos de las víctimas del conflicto armado han quedado violentados, sobre todo el derecho al acceso a la justicia y la reparación de los daños, ya que a juicios muy importantes y necesarios, como el de la matanza de El Mozote, se les ha cambiado de juez y en general el presidente Bukele ha tomado una postura muy a favor de la Fuerza Armada, ya que no le conviene entrar en conflicto con esta si quiere mantener el poder. Cuando el gobierno de Nayib Bukele reabrió el juicio del caso jesuitas en 2022, pareciera que se quiso echar toda la culpa intelectual del caso al expresidente Alfredo Cristiani y se buscó reducir la culpa de figuras vinculadas a la Fuerza Armada, como René Emilio Ponce y otros autores intelectuales vinculados directamente con la orden de asesinar a los jesuitas y que fueron nombrados por la Comisión de la Verdad que se organizó luego del conflicto armado. Mauro Izazaga: El estado de excepción es claramente una violencia contra la dignidad de la persona y los derechos humanos. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? ¿Tendrá un final pronto dicha situación? Francisco Samour: Si este estado de excepción termina pronto, lo difícil va a ser que se mantengan los niveles bajos de violencia y delincuencia, porque antes el gobierno tendría que cambiar el enfoque de la represión a la reconstrucción del tejido social. El estado de excepción va dejando a su paso una gran estela de resentimiento, desde vendedores callejeros y ambulantes que han sido despojados de sus negocios a la fuerza para embellecer el centro histórico de San Salvador, hasta cientos de jóvenes que han sido capturados y en algunos casos asesinados por las mismas autoridades durante el régimen de excepción. Todo esto va dejando nuevas cicatrices en el tejido social salvadoreño, que ya estaba bastante maltrecho luego de la guerra civil y con el surgimiento de las pandillas, que son el más claro síntoma de que la sociedad salvadoreña aún está necesitada de un proceso de sanación y perdón que ningún gobierno se ha dispuesto a llevar a cabo. La popularidad del estado de excepción entre la población salvadoreña es un síntoma de que los salvadoreños aún no hemos aprendido a dialogar para resolver nuestros problemas; un mal que nos afecta desde antes de la guerra civil. El hecho de que tenga tanta aceptación de la población es señal de que los salvadoreños aún no hemos aprendido a perdonar, a sanar y a buscar nuevas dinámicas sociales que permitan que nuestras comunidades puedan realmente ser las protagonistas de su propio bienestar y desarrollo.
14 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 Mauro Izazaga: Recordando aquel editorial de Ignacio Ellacuría, “A sus órdenes, mi capital”, pareciera que la situación actual sigue siendo la misma consigna, pero con la agravante de responder no a las problemáticas de las mayorías populares o los más pobres, sino a los intereses del capital y una élite plutocrática. ¿Qué piensa usted al respecto? Francisco Samour: La sociedad salvadoreña siempre ha estado controlada por una élite muy renuente al cambio, sobre todo a los cambios que pueden restarles poder y control sobre los bienes y el capital salvadoreño. Me atrevería a decir que nadie en El Salvador ha llegado al poder sin haberle rendido pleitesía a esta élite dominante. Desde que en 1882 se estableció una oligarquía en torno al monocultivo del café y se prohibieron las tierras comunales y ejidales, se consolidó claramente un grupo económicamente poderoso que además de impedir que en el país se pudiera llevar a cabo una reforma agraria durante poco más de un siglo, también ha visto con paranoia y desconfianza cualquier intento de cambiar el modelo social y económico en favor de las comunidades más pobres, de que estas puedan organizarse de tal manera que sean protagonistas de su propio desarrollo y bienestar. Ya los expresidentes militares Arturo Armando Molina y Carlos Augusto Romero, en la década de los setenta, habían querido impulsar una reforma agraria en El Salvador, porque tenían miedo de que estallara una guerra civil, pero las élites que controlan el capital salvadoreño se los impidieron. Quién sabe si esta reforma agraria hubiera funcionado, pero al menos Ignacio Ellacuría creía que hubiera traído muchos beneficios a la sociedad salvadoreña en la coyuntura social y política previa a la guerra civil salvadoreña de los años ochenta. Lo que la élite salvadoreña siempre había querido era alguien como Bukele, que tuviera todo el control del Estado, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esto le permite a la élite tener un fast track para que se aprueben leyes y decretos que favorezcan sus intereses. Por ejemplo, la aerolínea “Avianca”, en la que tiene muchas inversiones la familia Kriete, no paga impuestos por la gasolina o turbocina que sus aviones consumen en el aeropuerto “Óscar Arnulfo Romero” de El Salvador, también grandes empresas de construcción, como “Fénix” y “Salazar Romero”, han podido destruir sitios arqueológicos como Tacuzcalco, tierras de cultivo en Ahuachapán y Sonsonate, y zonas forestales protegidas para llevar a cabo proyectos de urbanización. Lo peor es que las casas que construyen se venden a precios a los que no puede acceder la mayor parte de la población salvadoreña. Al final, Bukele está donde está porque hay una élite que se lo ha permitido y se beneficia del control absoluto que tiene del Estado. Mauro Izazaga: Frente a la situación actual de la violencia y el estado de excepción, ¿cuál es el camino para una paz —como un ideal regulativo que está siempre por venir— en la sociedad? ¿Cómo afecta esta situación a los derechos humanos? Francisco Samour: Es necesario reconstruir el tejido social, de tal manera que sean las comunidades de salvadoreños las que tengan el control de su
DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 15 propio bienestar y de su propio destino. Es necesario fortalecer nuevamente la agricultura, el cooperativismo y el sentido de identidad salvadoreña fuera de todo el contexto de violencia que se ha venido agravando desde antes de la guerra civil, a través de diversos gobiernos que han usado la represión para defender los intereses de una élite poderosa y para someter los intereses de la población salvadoreña a los de esa élite. Las maras y pandillas fueron un intento de reconstrucción del tejido social, pero marcado muy fuertemente por la violencia y el resentimiento que dejó la guerra civil en la sociedad salvadoreña. Es interesante que este fenómeno se reprodujera también en Honduras y Guatemala, sociedades que también tienen un tejido social muy resquebrajado por la pobreza, la represión del Estado, la migración, la fragmentación y desintegración familiar. La situación de violencia, no sólo en El Salvador sino en todo el Triángulo Norte de Centroamérica, ha dejado a la población con desconfianza de la defensa de los derechos humanos, porque muchas veces toca defender los derechos de los pandilleros y sus familias, quienes han sido sujetos a mucha represión, pero muy poco a programas de reinserción y rehabilitación por parte del Estado. Muchas veces rehabilitar y reinsertar pandilleros implica también estar dispuestos a hacer cambios sociales significativos a través de programas y proyectos que permitan que los miembros de maras o pandillas, y sus familias, puedan acceder a mejores oportunidades de estudio y trabajo, cuestiones que los gobiernos excesivamente corruptos, que suelen tener países como El Salvador, no pueden financiar ni con cooperación internacional. Se han dado programas por parte de varios gobiernos dirigidos a la reinserción y rehabilitación, pero con resultados insuficientes para representar un cambio significativo en la sociedad salvadoreña, por lo que la población ha terminado desconfiando de ellos. El hecho de que varios gobiernos, como el de Mauricio Funes, y exfuncionarios públicos como los exalcaldes de San Salvador, Ernesto Muyshondt y Norman Quijano, negociaron de manera irregular y oscura con maras y pandillas, ha dejado una fuerte desconfianza de la población con respecto al diálogo y las soluciones pacíficas al problema de la violencia en El Salvador. También el presidente Bukele tuvo que negociar con las maras y pandillas, como lo demostró en varias ocasiones El Faro, pero el presidente Bukele ha logrado que la población se olvide de ello con su política de represión y régimen de excepción permanente. En El Salvador hay una población que ataca a los defensores de los derechos humanos de las maras y pandillas, porque el presidente los ve como críticos de sus políticas y los acusa de ser aliados de la delincuencia. Este discurso ha hecho que se estigmatice la defensa de los derechos humanos de una manera muy generalizada. El presidente Bukele suele exacerbar estas actitudes a través de redes sociales, atacando a periodistas y defensores de derechos que cuestionan su política represiva de seguridad, que solamente contempla reprimir y casi nada o nada la reinserción y rehabilitación, ya que Bukele es un presidente populista, que se beneficia de que sus políticas se apeguen al gusto del menor denominador común, que piensa que matando a todos los pandilleros ya se resuelve el problema de la violencia en El Salvador y que los únicos
16 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 derechos que deben ser defendidos son los de la población “honrada”, y que los pandilleros y delincuentes son considerados como animales que merecen la muerte. En general, la sociedad salvadoreña está toda muy llena de resentimiento y Bukele juega con eso para ser popular. Este resentimiento está vinculado con una historia de violencia y represión por parte de élites que se niegan a dejar de usar el poder político de manera patrimonial. Mauro Izazaga: Pareciera que en la apuesta de Bukele, de la “población honrada”, unas vidas valen más que otras y, en este caso, las vidas de las maras pueden ser desaparecidas o matadas por el soberano. Esto me recuerda a la figura del homo sacer de Giorgio Agamben, donde el homo sacer es un exiliado o expulsado, cualquiera (el Estado) puede matar al homo sacer pues le desnudan de sus derechos y dignidad intrínseca, reducen su vida a zoe o nuda vida, en contraposición al bios o vida política. Y comprender esto no es justificar las atrocidades de las pandillas. Las imágenes de la mega prisión que se han construido para “frenar o contener” la violencia de las pandillas o de las maras, ¿cree usted que es el camino?, ¿por qué? Francisco Samour: Según diversos reportes, avalados por instituciones como Cristosal y el PNUD, actualmente cerca del 2% de la población adulta salvadoreña se encuentra privada de libertad. Eso es un porcentaje demasiado alto e innecesario, además de insostenible e injustificado. Muchas de estas personas han sido capturadas de manera arbitraria en el marco del régimen de excepción. Ciertamente no es el camino, porque no está resolviendo ninguno de los problemas de fondo que afectan a la sociedad salvadoreña, y de hecho está generando más resentimiento y división en la sociedad. Si un porcentaje tan alto de personas en edad adulta se encuentra en la cárcel, es una señal de alarma de que algo no está bien, incluyendo el hecho de que se está capturando a personas inocentes de manera arbitraria. Hay otros problemas de fondo que el gobierno salvadoreño debería de atender, como el tema de tejido social, que si bien este gobierno lo ha presentado como un eje de trabajo, aún está por verse cómo lo va a manejar de manera constructiva más allá de cuestiones cosméticas como promover el graffitti y el hiphop entre los jóvenes o realizar bailes en el centro histórico de San Salvador. Mauro Izazaga: ¿Puede la violación de los derechos humanos frenar la violencia? Al parecer lo que se ve en las redes sociales del presidente es el camino que él está vendiendo y ofreciendo a la población como el camino a seguir. Ciertamente, la violencia ha disminuido, pero ¿qué pasará cuando se tome otra política de Estado? Francisco Samour: Para el presidente Bukele va a ser muy difícil prescindir del régimen de excepción, porque una vez le quite esa pistola de la cabeza a la sociedad salvadoreña quién sabe de qué manera va a reaccionar la población, sobre todo la que ha tenido familiares capturados o asesinados en los centros penales bajo circunstancias poco claras.
DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 17 También habrá que ver qué tanto han desaparecido las maras o si se están transformando en otra cosa. Hay gente en las comunidades de El Salvador que aún se desenvuelven con cierto temor, porque parece demasiado bueno para ser cierto que un problema de casi tres décadas desaparezca en un par de años. Ciertamente es muy probable que las pandillas estén desarticuladas, pero las razones de fondo que llevaron a muchos jóvenes a organizarse en torno a estas aún no han desaparecido. La sociedad salvadoreña aún es muy pobre y excluyente, con poco acceso a oportunidades de estudio y desarrollo profesional dignos. Además, luego de la pandemia, muchos jóvenes se retiraron del sistema educativo, el cual pocos ven como un medio para superar su situación de exclusión, desempleo y pobreza. Mauro Izazaga: ¿Considera usted que podríamos hablar de una dictadura new age dirigida por un neo-dictador mediático? Francisco Samour: El presidente Bukele utiliza muy bien las redes sociales, sabe que la población salvadoreña lee poco las crónicas y artículos de opinión muy bien escritos y largos, que dejan ver todas las carencias de su gobierno, y prefiere ver YouTube o TikTok, que son los medios donde mucha gente forma su opinión y criterio sobre la sociedad salvadoreña y el gobierno. Parte de su estrategia ha sido congraciarse con la comunidad de youtubers y tiktokers salvadoreños y de otros países, como México y España, para promover a través de ellos sus acciones y afirmar que el país está bien por cuestiones estéticas como las playas, el uso de Bitcoin como moneda de uso legal, que muy poca gente o nadie en El Salvador usa, pero gusta mucho entre la gente que usa redes sociales (o que lava dinero, pero ese es otro tema) o que es aficionada a la tecnología. En fin, el presidente Bukele tiene un equipo de mercadeo y comunicaciones que conoce muy bien la forma de ser y pensar de la juventud y la población adulta salvadoreña. Sabe de los medios más efectivos para llegar a ellos y llevarles su contenido y su mensaje de que él sí es duro contra la delincuencia. Y ciertamente sí lo es, porque no le importa lo que la comunidad internacional o los defensores de derechos humanos digan de él. Lo importante para él es que en YouTube se esté hablando bien de él y se le esté haciendo burla a sus críticos. Mauro Izazaga: ¿Hay posibilidad de un futuro esperanzador que mejore las condiciones de vida material y espiritual para la gente de El Salvador? Francisco Samour: Siempre hay esperanza para que cambie la sociedad salvadoreña para mejorar, pero en parte es necesario superar la ilusión mediática de las redes sociales, hacer conciencia de que para que la sociedad salvadoreña mejore a largo plazo se deben buscar cambios de raíz, cambios en nuestra forma de ser comunidad y de convivir según valores de paz, solidaridad, justicia y diálogo. Mauro Izazaga: ¿Cómo podemos contribuir desde las universidades del Sistema Universitario Jesuita de México para con esta situación del país hermano El Salvador?
18 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 Francisco Samour: Apoyando a los defensores de derechos humanos y a los periodistas salvadoreños que denuncian las irregularidades del gobierno de Nayib Bukele, ayudando a difundir información técnicamente informada sobre el tema por parte de fuentes realmente independientes. Las universidades pueden ayudar a difundir información que periodistas y defensores no pueden difundir actualmente en El Salvador. Es importante trabajar en superar la ilusión mediática que el presidente Bukele ha logrado a través de redes sociales, pero hay que hacerlo con integridad y profesionalismo, no recurriendo al insulto y a la humillación que caracterizan al presiente Bukele y a quienes le hacen eco a su mensaje en redes sociales. Es necesario analizar y ver con mucha sospecha lo que está pasando actualmente en El Salvador. El Triángulo Norte de Centroamérica es una región que no se debe perder de vista, porque si la situación no mejora, yo sí siento que es muy posible que en cuestión de algunas décadas volvamos a ser un lugar se guerras civiles y conflictos armados. Es una región en la que es necesario romper el ciclo de violencia. Es importante conocer la historia de la región y de El Salvador, sobre todo frente a un presidente como Nayib Bukele, que ha hecho de todo para borrar y distorsionar la historia de El Salvador, reduciendo el origen de los problemas del país a un conflicto entre ARENA y el FMLN, y queriendo ningunear y reducir el impacto que tuvieron los Acuerdos de Paz, como que si solamente fuera parte de una estrategia mediática y no un logro en materia de derechos humanos gracias al diálogo, luego de un conflicto armado que estalló por causa de las desigualdades provocadas por una élite muy poderosa que se niega a dejar de gobernar El Salvador. Mauro Izazaga: Muy agradecido con usted, profesor Francisco Samour, por su tiempo y espacio. ¿Algo más que le gustaría añadir? Francisco Samour: Muchas gracias a ti, Mauro, por la oportunidad de hablar sobre la realidad que vive mi país. Yo siento que la coyuntura actual de El Salvador es muy difícil de superar y lo más seguro es que Nayib Bukele cumpla con un segundo término, algo inédito en la historia de El Salvador desde la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. Sería bueno advertirle al presiente Bukele que no vaya a terminar como Martínez, desechado y abandonado por las mismas élites que lo pusieron en el poder, hartas de él y su arrogancia.
DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 19 CASO GARCÍA RODRÍGUEZ Y REYES ALPÍZAR. UNA SENTENCIA PARADIGMÁTICA POR LA APLICACIÓN DEL ARRAIGO Y DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN MÉXICO Simón Hernández León1 Entrevistado Rosario Arrambide González2 Entrevistadora Resumen: La prisión preventiva oficiosa regulada en México es una figura contraria a los derechos humanos y a las obligaciones adquiridas internacionalmente mediante la ratificación de diversos tratados internacionales. La presente entrevista aborda el caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron en prisión preventiva por más de 17 años, detenidos sin orden judicial, sometidos a tortura y a quienes se les violentaron una serie de derechos humanos en el marco del debido proceso. Frente a tal contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra de México por la responsabilidad internacional en la que incurrieron las autoridades, debido a las violaciones a derechos humanos perpetradas y el incumplimiento de obligaciones internacionales. Simón Hernández, uno de los abogados defensores del caso, nos narra el contexto en que se cometieron las violaciones a derechos humanos, y aborda la importancia y los impactos que la sentencia internacional tiene en un país como el mexicano, donde existen altos índices de tortura y personas en prisión preventiva. 1 Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2010 colaboró como defensor de derechos humanos en distintas organizaciones de la sociedad civil como el Centro Prodh, Artículo 19 y la Fundación para la Justicia. Ha participado y coordinado casos emblemáticos de litigio estratégico, obteniendo impactos en criterios de Tribunales Colegiados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el sistema ONU. Fue abogado del caso García Rodríguez vs. México sobre prisión preventiva oficiosa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es coautor de tres publicaciones sobre tortura, justicia penal y derechos de las víctimas, y autor de un libro sobre tortura y litigio estratégico. Ha sido docente y conferencista en universidades e instituciones públicas y es columnista invitado en el periódico Reforma. Desde 2020 se desempeña como Coordinador de la Licenciatura en Derecho y de la Clínica Jurídica “Minerva Calderón” de la IBERO Puebla. Actualmente es integrante de la Asamblea Consultiva y de la Junta de Gobierno de la CEAV. 2 Actualmente es Directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J., de la IBERO Puebla.
20 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 Rosario Arrambide: Buenas tardes, para contextualizar la entrevista, ¿nos podrías platicar sobre qué versan los hechos violatorios a derechos humanos en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, por los cuales la Corte Internacional emitió esta sentencia en contra de México el pasado 25 de enero de 2023? Simón Hernández: Sí, claro, con todo gusto. Los hechos se relacionan con un proceso penal en el que ellos son acusados por un homicidio acontecido en 2002 y en ese proceso se encuentran violaciones al plazo razonable. Es un proceso penal que dura 20 años y en donde 17 y medio de ellos, estuvieron bajo prisión preventiva; entonces la duración del plazo, que hayan tenido una medida restrictiva de la libertad absoluta durante 17 años y medio, es otro hecho relevante; asimismo en el proceso se encuentran algunas afectaciones al derecho de defensa y debido proceso; la falta también de análisis sobre los elementos de tortura que existían y que estaban acreditados dentro de la causa penal y, finalmente, la falta de investigación diligente de los hechos de tortura. Rosario Arrambide: En estos hechos, Simón, en el marco de la privación de la libertad personal, entiendo que aplicaron tanto la figura del arraigo como la prisión preventiva oficiosa, ¿nos puedes contextualizar un poco sobre estos dos hechos violatorios a derechos humanos? Simón Hernández: Claro, en el caso hay una característica importante: disposiciones jurídicas, sobre todo, de leyes secundarias, pero posteriormente fueron constitucionalizadas dos figuras: arraigo procesal y prisión preventiva oficiosa. En su momento, ellos fueron detenidos sin mandamiento judicial, no fueron llevados de manera inmediata ante un juez para analizar la legalidad de la detención, no se está en los supuestos de flagrancia tampoco y, por lo tanto, desde la detención se genera una primera infracción a la libertad personal; pero consecutivamente la Corte analiza la utilización de la figura del arraigo en México, que funcionaba incluso hasta antes de que estuviera constitucionalizada, como una medida que otorgaban los jueces y donde no había ninguna limitación en cuanto al delito o las conductas; los jueces podían otorgar arraigos por prácticamente cualquier tema. Ese régimen avalado por las legislaciones penales fue muy utilizado, y posteriormente ya se limitó a los casos de delincuencia organizada y del fuero federal en la Constitución, pero el hecho de que se les haya arraigado para investigar sin que hubiera elementos de incriminación, que se les hubiera cambiado la calidad jurídica como testigos y luego fueran arraigados y ulteriormente, a partir de esa investigación, ya se formalizaron acusaciones, fue uno de los elementos que analizó la Corte; la utilización en el régimen jurídico mexicano de esta figura del arraigo que permite detener para investigar. Ese sistema excluyente lo tuvimos mucho tiempo hasta que se introdujo el sistema acusatorio y se ampliaron las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Pero en el caso, a pesar de que esta medida fue impuesta bajo la legislación secundaria por la condición de delito grave, eventualmente, cuando se intenta la revisión de la medida cautelar y cuando se solicita control de convencionalidad sobre esas disposiciones, es cuando el juez confirma que no se puede modificar porque es medida de prisión preventiva por delito grave según la Ley Penal, pero porque está constitucionalizada en
DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 21 el artículo 19 y eso lleva al juez a concluir que no se puede hacer el control de convencionalidad sobre la Ley secundaria, que debe prevalecer la restricción del 19 constitucional y que, por lo tanto, tampoco son aplicables los precedentes de la Corte que estábamos señalando en vía incidental. Eso hace que, en 2019, que se da esa resolución, permita a la Corte Interamericana analizar ya no sólo la prisión por gravedad del delito, sino la prisión preventiva oficiosa constitucionalizada para concluir que tanto esa figura, como el arraigo (ambas incorporadas a la Constitución), son incompatibles y contrarias a la Convención Americana. Rosario Arrambide: Gracias, Simón. Y en este último sentido, que se determinó que eran incompatibles a la Convención Americana, ¿nos podrías ampliar un poco desde tu criterio y desde los estándares e instrumentos internacionales por qué son inconvencionales? Simón Hernández: Hay un análisis muy exhaustivo de la Corte Interamericana, en la sentencia van recuperando varios precedentes de la propia Corte, donde se había venido estableciendo que medidas privativas de la libertad personal están sujetas a una serie de principios, a la reserva de ley, a que tengan un fin legítimo, a que sean estrictamente necesarias y que todo eso requiere un análisis en cada caso, de la necesidad, de la razonabilidad y de la proporcionalidad de la medida. Si la prisión preventiva no satisface estas condiciones, entonces resulta violatoria de la presunción de inocencia; del derecho a la igualdad; de la tutela judicial porque se elimina el margen de decisión de los jueces al imponerse de manera automática que, en el caso de México, atiende sólo al criterio del delito y que entonces, al establecerse una acusación o una vinculación a proceso por delitos que están en ese listado de prisión preventiva oficiosa, implican la detención en automático. Esa es la condición que encuentra la Corte incompatible con la Comisión Americana, además de otras consideraciones, es también una medida regresiva o contraria al principio de progresividad, sobre todo porque la reforma constitucional de 2019 amplió el catálogo de delitos. Esta medida que era excepcional y que está constitucionalizada, se va expandiendo a más conductas; esto también lo han señalado otros mecanismos, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, refiriendo que se está incumpliendo también con un tema no sólo de adecuación del orden interno, sino también con no reintroducir disposiciones regresivas y que es la condición que se encuentra actualmente en el 19 constitucional. Rosario Arrambide: Gracias, Simón. Ahora, ¿me podrías platicar un poco por qué podríamos catalogar o considerar esta sentencia del caso García Rodríguez y Reyes Alpízar, de la Corte Interamericana, como una sentencia histórica o paradigmática en un contexto como el mexicano? Simón Hernández: Sí. Tiene varias condiciones que la hacen relevante. En 2022, mientras la Corte Interamericana estaba convocando a audiencia para presentar los argumentos en audiencia oral, el juez penal seguía procesando y estaba emitiendo una sentencia en primera instancia. Esa coexistencia de un proceso interno abierto, mientras la Corte Interamericana ya está conociendo, es algo bastante relevante y bastante particular. Tanto la Comisión como la Corte consideraron que se estaba en la excepción
22 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 de la regla de agotamiento de recursos internos, sobre todo porque había temas de tortura, de detención prolongada o de plazo razonable, y eso lleva a la Corte a asumir que los recursos no han sido efectivos. Esa será una primera característica muy relevante: que los procesos están casi de manera simultánea a nivel interno en primera instancia y en la Corte Interamericana. Una segunda, me parece, es el efecto que tiene sobre la población que se encuentra en esa condición de prisión preventiva oficiosa en México. Hoy son cerca de 92 mil personas las que están en prisión sin sentencia y que podrían, muchas de ellas, estar en prisión preventiva oficiosa; entonces, el impacto que puede tener la determinación de la violación en el caso concreto, respecto a personas que se encuentran en la misma condición jurídica, también me parece muy relevante. De hecho, ha generado toda una serie de revisiones y decisiones judiciales en los días posteriores y bueno, hay decisiones en varios sentidos, algunas cambiando la prisión preventiva y aplicando la sentencia; otras señalando nuevamente que mientras no se reforme la Constitución y mientras se mantenga la jurisprudencia vigente del pleno de la Corte, los jueces no pueden ir en contra de la Constitución, no la pueden inaplicar, no pueden hacer control de convencionalidad sobre ella y no pueden optar por una decisión internacional sobre una restricción constitucional exprés. Y la tercera, creo que es un tema también de impacto regional, pensando en que la Corte Interamericana no había tenido una sentencia tan contundente sobre una disposición constitucional, como ordenar su reforma como medida de no repetición desde 2001, con el caso Olmedo Bustos contra Chile. Entonces, teníamos más de 20 años que la Corte había tenido una línea jurisprudencial distinta, no tan confrontativa, yo diría, con los Estados y donde había sido más deferente al margen de la apreciación estatal y la doctrina del control de convencionalidad. Entonces la Corte Interamericana fue desarrollando una línea jurisprudencial donde enfatizaba mucho más esta obligación del control de convencionalidad trasladando a los jueces la obligación. En este caso concluye ambas, refrenda nuevamente la doctrina del control de convencionalidad, pero sí establece que la medida constitucionalizada de prisión preventiva oficiosa, no la justificada, pero sí en esta aplicación automática y el arraigo preprocesal, deben ser suprimidas, y en el caso de la prisión preventiva para que deje de ser oficiosa y subsista únicamente la prisión preventiva justificada. Creo que el impacto es regional, es un mensaje potente para los países de la región de no caer en la tentación de constitucionalizar medidas regresivas o violatorias de derechos humanos, suponiendo que con esto van a blindar jurídicamente este tipo de acciones. Creo que incluso en el propio contexto de El Salvador, con todo el estado de excepción que lleva más de un año, pues es una sentencia que de alguna manera perfila cuál sería el papel de la Corte y una decisión de la Corte frente una decisión así, de suspensión o de constitucionalizar medidas violatorias de derechos humanos y creo que ahí tiene un valor muy importante para los países y las personas en la región. Rosario Arrambide: Gracias, Simón. Según entiendo de esto que nos platicas, es que en el marco de las garantías de no repetición, dentro de las medidas de reparación integral del daño que dicta la Corte en la sentencia, se determinó dejar sin efecto esta figura del arraigo preprocesal y la prisión preventiva oficiosa. Después de esta medida, o punto resolutivo de la Corte
DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 23 Interamericana, ¿qué seguiría para que esto realmente se materialice en México? Simón Hernández: Hay un debate muy intenso en estos días sobre cómo se va a cumplir; hay algunas posturas y yo las comparto, que señalan que no se requiere en este momento que el Legislativo reformara la Constitución para que la sentencia tuviera cumplimiento porque al involucrar a los tres poderes, y de manera específica señalar esta obligación del control de convencionalidad, los jueces pueden dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa, revisar los casos en donde se haya impuesto esta medida. Un párrafo interesante o razonamiento que me parece también importante es que este tipo de figuras deben ser revisadas oficiosamente, y eso es algo que destaca la Corte Interamericana en sintonía con la jurisprudencia, sobre todo el sistema ONU. Esta obligación tendrán que hacerla los jueces de manera inmediata y podríamos hoy estar en cada caso logrando el cumplimiento de la sentencia y la inaplicación de estas medidas. Eso me parece que en el esquema ideal sería lo más favorable; sin embargo, hay muchas resistencias al interior del propio Poder Judicial, donde la postura que prevalece sobre la supremacía constitucional sigue estando en tensión: si nuestra Constitución, nuestra jurisprudencia puede o no estar por encima de un tratado internacional o de una sentencia internacional —y hay quienes aprecian que es así—; que la Corte Interamericana no puede, como un poder supranacional, invalidar o desplazar al constituyente y modificar con una sentencia la Constitución. Pero hay otras posiciones que más bien entienden que la supremacía constitucional no está jerarquizando Constitución ni tratados, y que México aceptó soberanamente tanto ser parte de la Convención Americana como de la jurisdicción de la Corte y, por lo tanto, está vinculado en todos sus términos. Entonces, esa postura me parece congruente con el derecho internacional, con la Convención de Viena y con las obligaciones internacionales, pero siguen presentándose muchas resistencias y muchos debates en las posturas judiciales y en las decisiones. Hay un segundo elemento, por vía judicial, que puede ser el conocimiento por parte de la Suprema Corte, ya sea a través de un expediente “Varios”, que ha venido realizando la Corte de manera oficiosa cada vez que hay una sentencia para ver qué le corresponde al Poder Judicial en el ámbito de sus competencias y pues ahí hay un tema justo de constitucionalidad muy importante, en el cual, la Corte tendría esta competencia originaria. Pero la segunda vía, en el caso concreto, es que está pendiente de resolverse un amparo directo que fue presentado muy recientemente, posterior a la emisión de la sentencia y que en este amparo que tiene que ver con la responsabilidad penal de Daniel García, se incluyera todo lo relativo al cumplimiento de la sentencia y fuera reasumido por la Corte para que entonces en el Tribunal Pleno resolvieran el caso concreto de responsabilidad penal, pero también todas aquellas otras situaciones que está estableciendo la sentencia hacia el Estado mexicano y dilucidar a quién le corresponden. Ahí, me parece que es la vía judicial donde hay mayor expectativa de cumplimiento. Y la otra es la cancha y la vía política, desde luego que al existir un señalamiento de condena por una disposición constitucional, le corresponde al Congreso de la Unión modificar esta disposición o adecuar el 19 constitucional y suprimir el arraigo. Eso puede hacerlo el Congreso de la Unión, podría hacerlo el presidente de la República enviando una iniciativa, pero
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