DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2021 79 Introducción La crisis democrática que vive México en esta segunda década del siglo xxi afecta significativamente la vida social. En particular, los escenarios de violencias y desigualdades trastocan la vida de toda la población, y en diferentes formas a mujeres, niñas y niños a quienes sus derechos humanos son violados constantemente (Comisión Nacional de los Derechos HumanosMéxico, 2020; Jurídicas unam, n.d.). Las desigualdades derivadas de la precariedad laboral se materializan entre otros problemas como la violencia de género, esto es parte de una lista de innumerables problemas de larga data que no se han resuelto debido, por una parte, a la ausencia de voluntad política y, por otra, a la falta de capacidad para encontrar soluciones en los tomadores de decisiones del gobierno de México, lo cual se traduce en impunidad estructural. Justicia y seguridad son conceptos indisociables de los derechos humanos, de la estructura de Derecho y de toda sociedad democrática, según lo comentado por Nikken (2011). La impunidad en materia de violación a los derechos humanos es una constante que impide que la mayoría de la población acceda a la justicia. Por ejemplo, la desaparición de personas en el país, que ha trascendido a las noticias, como el doloroso caso de Ayotzinapa, los feminicidios de Ciudad Juárez, los asesinatos de periodistas o líderes de comunidades en resistencia a megaproyectos (como el caso de Samir Flores en Morelos). México es un país infectado por prácticas de corrupción de sus gobernantes, en parte debido a los nexos e infiltraciones del crimen organizado en los aparatos de gobierno, que de por sí está constituido por instituciones precarias (Cerezo, 2018), con un sistema judicial omiso, con abusos de militares o de policías, con prácticas graves de violaciones a los derechos humanos que dan como resultado la impunidad. El Estado, que niega que hay personas desaparecidas, que niega la violencia, que niega la tortura, que niega la pobreza, es un Estado que simula la democracia; un país que simula la justicia, burocratizando el dolor de las personas que buscan a sus desaparecidas. México es un país que administra la violencia como control social, atemorizando y paralizando la organización política en muchos casos (Cerezo, 2018; Robledo Silvestre, 2016). En México se invisibiliza la desaparición de personas y oculta a las víctimas una vez desaparecidas; en ocasiones es el propio Estado mexicano quien las desaparece. La realidad es que hay casi 100 mil personas desaparecidas (Secretaría de Gobernación, 2021), y existe una crisis forense en materia de identificación humana. Según cifras oficiales, se han acumulado mas de 52,000 personas fallecidas sin identificar. La mayoria de estas personas (60%) yace en fosas comunes en cementerios publicos. Estas fosas tienen registros deficientes y alta probabilidad de extravio de cuerpos. Otras personas fallecidas yacen en instalaciones de los servicios forenses (7%), universidades (5%) o centros de resguardo forense (1%). Las autoridades no han podido o no han querido informar donde se encuentra 22% de las personas fallecidas sin identificar (Movimiento por nuestros desaparecidos en México, 2021; Vizcarra, 2020). Ante el problema de la crisis forense, este artículo tiene el objetivo de compartir el proceso del trabajo político y organizativo del colectivo “Regre-
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