DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2021 69 rio de Liberación (mal), FuturoTransgenérico, Putos Peronistas, Encuentro por la Diversidad-Córdoba, Jóvenes por la Diversidad, Antroposex, Crisálida Tucumán, Adistar Salta y activistas independientes; reuniendo el apoyo de los más amplios sectores políticos y sociales (legisladores nacionales de todos los bloques, organismos de derechos humanos, sindicatos, otros movimientos sociales). Como una brújula para no perderse, el Frente estableció cuatro puntos cardinales y así logró hegemonizar el campo discursivo, definiendo las siguientes prioridades: la despatologización de las identidades trans, la desjudicialización de los mecanismos de reconocimiento, la descriminalización y la desestigmatización (Litardo, 2011); ejes articuladores de la lucha, cristalizados en el proyecto de ley. Las diferencias estratégicas se vislumbraron en la formulación de la demanda: el Frente asumió como prioritaria la necesidad de contar no sólo con el derecho al nombre propio sino también garantizar el acceso a la salud integral para quienes deseen intervenirse quirúrgicamente, aplicarse hormonas, entre otros. En este conflicto, también fue necesaria la mediación estatal y la institución de una líder travesti para cohesionar y unificar al movimiento de la diversidad sexual en torno al sentido y alcance del derecho a la identidad de género. Fue la diputada nacional Vilma Ibarra, presidenta de la Comisión de Legislación General, quien abrió la mesa de negociaciones en su despacho de la Cámara de Diputados de la nación y fue Lohana Berkins, máxima referente del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, quien convocó a las representantes trans de la falgbt –Claudia Pía Baudracco y Marcela Romero– junto a otras/os activistas trans independientes, con el objetivo de arribar a un acuerdo político sobre el contenido de la ley (Fernández, 2020). El texto recogió los aportes de los cuatro proyectos legislativos sobre identidad de género que alcanzaron estado parlamentario ese mismo año y plasmaban con fuerza de ley los principios de despatologización y desjudicialización de las identidades trans, velando por el acceso pleno al derecho a la salud, incluyendo la salud transicional (Cabral, 2012). A finales de noviembre del 2011, la Cámara de Diputados –instancia institucional articuladora de la lucha– dio media sanción al proyecto de ley, con 167 votos a favor contra sólo 17 votos en contra y 7 abstenciones. Dicho logro institucional fue posible gracias a la articulación política del movimiento de la diversidad sexual para formular conjuntamente la demanda por la ley de identidad de género. Una grata sorpresa se produjo en el Senado, órgano que había quedado grabado en la memoria del colectivo como uno de los bastiones del tradicionalismo político por los discursos conservadores pronunciados durante el debate de matrimonio igualitario, ya que el tratamiento de la ley de identidad de género fue mucho menos intrincado. Las divisiones en las militancias lgbtttiq+ pudieron saldarse con el correr de los meses y ni los fundamentalismos religiosos ni los activismos conservadores de la sociedad civil lograron incidir en la opinión pública ni en los debates de comisión, ni en en la votación general. Así fue como la ley de identidad de género se aprobó en el Senado de la nación el 9 de mayo del año 2012, con 55 votos a favor y una sola abstención, culminando la jornada en un festejo en la Plaza del Congreso, donde Lohana Berkins pronunció un inolvidable discurso:
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