DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2021 61 Ya en el nuevo milenio, las demandas de reconocimiento legal del matrimonio de personas del mismo sexo cobraron visibilidad en la agenda política. En el 2002, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó un registro de Unión Civil, el cual garantizaba tanto a parejas heterosexuales como del mismo sexo el tratamiento similar de los cónyuges para el ejercicio de derechos, obligaciones y beneficios que emanan de toda la normativa dictada por la Ciudad, siendo el primer antecedente en su tipo en América Latina. Aunque los derechos reconocidos eran limitados, la discusión legislativa y la aprobación de la normativa representó una victoria simbólica muy importante (Meccia, 2006). Luego de aprobarse la unión civil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también en la provincia de Río Negro (también en 2002), muchos sectores del activismo homosexual, particularmente aquellos relacionados con la cha, intentaron promover infructuosamente una legislación similar para el contexto nacional. En la provincia de Córdoba, el primer proyecto legislativo de registro de uniones concubinarias fue presentado en 2003, seguido por la presentación de otros tres proyectos, ninguno de los cuales fue ni siquiera discutido en comisión, aunque fueron exitosas las aprobaciones de Unión Civil en 2007 en las ciudades de Carlos Paz y Río Cuarto, ambas de la provincia de Córdoba. Luego de la aprobación en el año 2005 del matrimonio para parejas del mismo sexo en España, un evento que tuvo una importante y extensa cobertura mediática en el país, muchxs activistas argentinxs decidieron redireccionar sus demandas de reconocimiento legal de parejas del mismo sexo en términos de “matrimonio civil”. En este contexto, y con el objetivo de ganar más coordinación en la lucha y mayor legitimidad política y social, se crea la Federación Argentina lgbt (falgbt) en el año 2006: una red de organizaciones y grupos activistas, principalmente de Buenos Aires, pero con representación en algunas provincias –como Córdoba y Santa Fe–, la cual adquiriría una creciente visibilidad mediática y sería la principal impulsora de la reforma del Código Civil que habilitó el matrimonio igualitario (Bazán, 2010). En febrero de 2007, la falgbt lanzó la campaña “Los mismos derechos, con los mismos nombres”, evidenciando su objetivo principal: la extensión de todos los derechos y obligaciones del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo. Durante esos años, el movimiento de la diversidad sexual –entre ellos, grupos como la cha, 100% Diversidad y Derechos, y las organizaciones que formaban parte de la falgbt– definió como prioritaria la demanda de matrimonio igualitario. El proceso de visibilización de esta demanda se articuló durante largo tiempo en torno a la estrategia de “litigio estratégico” en los tribunales (Campana, 2011), a través de amparos presentados por parejas del mismo sexo a quienes se les denegaba un turno para el matrimonio civil en registros públicos de diversos puntos del país. Dicha estrategia implicó, además del en la ciudad de Buenos Aires. En 1993, se funda la “Asociación de Travestis Argentinas” y en 1996, se crea la “Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual”, ambas agrupaciones fundamentales para el posterior reconocimiento legal de la identidad de género auto-percibida. Durante esta década, dos ciudades –Buenos Aires y Rosario– promulgaron legislaciones para prohibir la discriminación por orientación sexual e identidad de género. En 1995 fue aprobada la ley que establecía que las obra sociales y prepagas debían incorporar cobertura médica, y asistencia psicológica y farmacológica a pacientes con hiv-sida.
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