DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2021 167 brindar herramientas digitales y cursos enfocados en tecnología a zonas que han sido altamente marginadas para acortar la brecha digital. Estos se construyen en colaboración con la academia, con la industria, la sociedad civil y el gobierno, ubicándose en cada estado de la república. No obstante, el 1 de enero de 2021, se informó que la operación de estos centros no continuaría como consecuencia de la extinción de decenas de fideicomisos, específicamente el fideicomiso 2058, conocido como Sistemas e-México (Cruz, 2021). Finalmente, es necesario mencionar que los esfuerzos de conectividad no deben recaer únicamente el Ejecutivo federal, si bien marca una tendencia y parámetros importantes; son los tres niveles de gobierno los que pueden implementar de manera mucho más eficiente políticas públicas. Por ejemplo, las Agendas Digitales para los municipios son enfoques orientados hacia el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que buscan que los gobiernos municipales detonen el desarrollo económico, así como incrementar el bienestar de la población. Deben tomar en cuenta las dos acepciones de brecha digital abordadas: la población sin acceso a las tecnologías de la información y comunicación; y por otro las que no cuentan con los conocimientos para usar las herramientas. Conclusión A partir de toda la información mostrada se hace consciente que el avance tecnológico, específicamente el internet, es sin duda una de las herramientas fundamentales para acceder a la satisfacción y correcto cumplimiento de otros derechos humanos, de ahí la importancia de discutir los alcances de reconocer el acceso a internet como un derecho fundamental. Por otro lado, se comprende que las sociedades no son iguales entre sí, y que aquellas características que históricamente han sido motivo de vulneración, marginación y discriminación, actualmente lo son de manera exponencial, debido al círculo vicioso que ha implicado la correlación directa entre el acceso al internet y el acceso a otros derechos como educación, trabajo y libre desarrollo de la personalidad. En consonancia con lo anterior, es deber del Estado brindar las condiciones necesarias para que toda la población mundial y local puedan utilizar el internet de manera sustancial. Aunque se han reconocido diversos esfuerzos por parte de las entidades privadas, no es suficiente ni es obligación del sector privado cubrir estas necesidades más allá de la responsabilidad social con la que debe comprometerse. Se han registrado esfuerzos internacionales y nacionales muy importantes para garantizar el acceso a internet, no obstante, no han sido suficientes, al ser los procesos burocráticos mucho más lentos que el avance tecnológico que se presenta actualmente. En ese sentido, los distintos países muestran tasas muy desiguales entre sí de regulación y de conectividad. Adicionalmente, se ha comprobado que la reformulación del marco jurídico no es suficiente para realmente garantizar el acceso a internet de la población. Por el contrario, se ha convertido en una medida paliativa que no toma en consideración los distintos contextos y situaciones que rodean la accesibilidad a la red. La infraestructura es importante, pero resulta obsoleta si no se tiene los instrumentos tecnológicos para poder utilizarla, o bien el conocimiento pertinente para eficientizar su utilización.
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