Derechos Humanos / Anuario Edición 2021

DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2021 165 tenido un crecimiento de suscripción mayor; por ejemplo, Estados Unidos aumentó en 24% su conectividad en telefonía móvil, mientras que México únicamente 6%. Para Bravo (2021), esta diferencia se debe principalmente a las políticas públicas digitales, las cuales han sido insuficientes en el país. Otra de las estadísticas que muestran el poco incremento de conectividad que ha tenido México es el Índice de Competitividad Digital 2020, el cual evalúa la capacidad de 63 países para adoptar y explorar tecnologías digitales como impulsor clave para la transformación económica de las empresas, el gobierno y la sociedad en general. El ranking se construye considerando tres variables: el panorama de desarrollo de tecnologías digitales, el énfasis en la generación de conocimientos y el nivel de preparación para fomentar la innovación. Esta lista fue encabezada por Estados Unidos y Singapur, y sitúa a Chile como la mejor economía latinoamericana con 61.5 puntos de 100 posibles, mientras que México cayó 6 posiciones con 51.51. Acciones para garantizar el acceso a internet Conectar a un país entero no es tarea fácil, menos en un territorio tan extenso y variado como lo es México. El gobierno federal ha sido deficiente al realizar esta tarea, delegando la responsabilidad en el sector privado a través de concesiones. Como sucede con la mayoría de las garantías a derechos humanos que el Estado concesiona, su materialización no es equitativa, sino que muchas veces responde a intereses económicos y políticos de las empresas privadas. En julio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los servicios de telecomunicaciones no serían concesionados. Sin embargo, de una búsqueda realizada en portal del Instituto Federal de Telecomunicaciones se advierte que en el año 2022 hay 1,117 concesiones vigentes que proveen servicios de internet a nivel nacional. De las cuales destaca América Móvil, grupo económico al que pertenecen Telcel, Telnor y Telmex, cuya vigencia concluirá en el año 2056. Al respecto, el titular del ejecutivo federal en turno mencionó que sería benéfico mantener la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población. Otra propuesta de López Obrador, en aras de garantizar la conectividad del país, es la creación de una entidad para garantizar los servicios de telecomunicaciones a las regiones rurales, la cual no tendrá fines de lucro. El nombre de esta institución es cfe Telecomunicaciones e Internet para Todos (Forbes, 2019). Aún no estamos en momento de evaluar si esta medida es en beneficio o retroceso de la conectividad. Sin embargo, Irene Levy (2019), experta en telecomunicaciones, critica esta acción como centralizadora y fuera de contexto, pues desde su punto de vista, el derecho de acceso a internet no se mide por territorio, sino de manera social con un enfoque especializado en cada sector que necesita cubrir esta necesidad. Además, que la conexión a internet no es el único recurso para garantizar el acceso. El Ejecutivo federal ha establecido objetivos de la política de inclusión digital universal y cobertura universal, que se suman a los objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, y el programa de Estrategia Digital (Linares, 2020). El programa prioritario “Internet Para Todos” pretende hacer posible la integración de la población a la tecnología de internet y telefonía móvil en territorio nacional. Considera cuatro grandes despliegues para brindar la

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