160 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2021 En este sentido, se señala que el acceso al internet no es equitativo entre todas las personas que habitan México; el contexto sociodemográfico y económico tienen un impacto significativo en los niveles de accesibilidad a esta herramienta y a otras tecnologías de la información. Es decir, el acceso a internet se ve limitado por diferentes características sociales que están relacionadas con una o más categorías de vulnerabilidad sistemática. La diferencia de acceso y uso de tecnologías que existe entre grupos determinados se conoce como “brecha digital”. Si bien es cierto que hay tantas definiciones como autores, de manera general este término se utiliza para nombrar y analizar de manera cuantitativa y comparativa el desarrollo de las sociedades en relación con las herramientas y medios digitales. Por lo que es importante desarrollar el término para fines del presente ensayo. Se ha establecido dos distintas acepciones del término brecha digital. La primera hace referencia al acceso físico o material que las personas tienen al uso de herramientas digitales. Es decir, la desigualdad económica presente en México impacta en la baja o nula posibilidad que tiene una familia con ingreso menor al salario mínimo de comprar alguna herramienta tecnológica en buen estado. Y la cual tendría una desventaja frente a una familia con un ingreso económico alto que le permita la adquisición de la herramientas más actuales y prestigiosas. La segunda acepción de brecha digital implica la ignorancia del uso de las nuevas tecnologías (Gómez, Alvarado, 2018). Esta acepción puede ejemplificarse en el conocimiento sobre el uso del internet que tiene una mujer de 18 años frente al desconocimiento de una persona adulta mayor. Esta diferencia puede existir por edades, pero también por otros factores, como educación, lenguaje, ingreso económico, entre otros. Con los ejemplos anteriores, se señala que el estudio de la brecha digital no puede realizarse de manera aislada, sino que es necesario estudiar otros factores, así como sus implicaciones en otras áreas, pues las herramientas digitales y específicamente el internet han dejado de ser un accesorio y se han convertido en instrumentos básicos. Con estos antecedentes es completamente válido e importante cuestionarse a quién le corresponde acortar las brechas digitales en las sociedades. Se ha delegado este tema a las esferas privadas, siendo las empresas proveedoras de servicios a quienes se las ha exigido abaratar sus costos y facilitar la conectividad en las zonas rurales y lejanas a las ciudades conurbadas. Y en algunos casos eso se ha logrado, siendo que varias compañías en la región latinoamericana han adaptado sus servicios para reducir costos u ofrecer acceso a recursos educativos como medida de mitigación de los impactos de la pandemia. Muchas otras, incluso, han brindado herramientas a docentes que han hecho esfuerzos superiores por seguir prestando sus servicios de educación a zonas rurales (Saez, 2020). No obstante, no debe perderse de vista que las empresas siempre tendrán un factor prioritario de interés económico y comercial, lo que implica que la prestación de servicios no irá en función del bien común desinteresado ni regulación social como fin principal. Si bien estos esfuerzos son muy valorados por la sociedad, son acciones aisladas que en suma no contribuyen a políticas encaminadas a garantizar el acceso de manera sistémica. Complementando el punto anterior, es menester reflexionar sobre el papel que el internet desarrolla en la vida cotidiana. Ha dejado de ser un ac-
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