DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2021 129 (La Jornada, 6 de abril de 2011). Dicho consejo fue renovado para el 28 de febrero de 2017 (gentlx, 28 de febrero de 2017). Es imperante señalar que estos consejos no se encuentran en una ley determinada, sino que son producto de un convenio interinstitucional que se renueva cada año como requisito del Fideicomiso Federal Fondo Metropolitano. En este sentido, como parte de la coordinación gobierno federal-entidades federativas, el referido consejo fue integrado nuevamente para el año 2019, donde igualmente se reunieron los gobernadores, secretarios de estado y secretarios federales, a efecto se concertar el uso de los 3,300 millones de pesos proyectados para obra pública metropolitana (Acta de Instalación, 26 de marzo de 2019). Sobre lo anterior, tenemos que en la integración de los consejos no participan representantes de los municipios que integran la zona metropolitana, ni tampoco actores de la sociedad civil, lo cual supone un serio sesgo en la toma de decisiones que parece ir totalmente en contra de la idea de coordinación de niveles de gobierno. Otro punto que debe tomarse en cuenta, es que los Fondos de Desarrollo Metropolitano eran aprobados y ejecutados por el Comité del Fideicomiso, lo cual refleja el carácter sumamente antidemocrático de estos recursos. Es de añadirse que este Fideicomiso desapareció para el año 2020, juntos con muchos otros, mediante decreto presidencial que fue aprobado por el Congreso de la Unión el 8 de octubre de 2020 (El Financiero, 21 de octubre 2020), por lo que se infiere que la figura del Consejo Metropolitano desaparezca, al no contar con recursos que ejercer. Por otro lado, tenemos que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbanos establece la creación de una serie de consejos para la planeación y seguimiento del ordenamiento y desarrollo territorial y urbano, siendo estos establecidos para los tres niveles: federal, por entidad federativa y municipales. Del mismo modo, se establece una Comisión de Ordenamiento que incluya a las diversas autoridades competentes en cada una de las Zonas Metropolitanas Interestatales (Artículos 14-21 y 36, 2016). De este modo, el 19 de mayo de 2020 se instala el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, mismo que está integrado por la secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, de Gobernación, de Bienestar, de Planeación y Finanzas, de la Función Pública, así como el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de carácter federal; tuvo asimismo como invitados permanentes con derecho a voz, pero sin voto, a los presidentes de las comisiones de Desarrollo Urbano y la de Asuntos Metropolitanos del Congreso local, a los presidentes municipales de Puebla, Teziutlán y Tehuacán, y a representantes de las cámaras de la industria de la construcción, de la promoción de la vivienda, de la transformación, así como a cuatro asociaciones civiles y una investigadora del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla (Acta de Instalación 19 de mayo de 2020). Se tiene que precisar, conforme a lo anterior, que no hubo invitación a organizaciones de pequeños comerciantes, de campesinos, de trabajadores, ambientalistas, ni a universidades públicas, lo cual supone una falta grave de representatividad, en tanto estos actores son indispensables para una real perspectiva del desarrollo. Dicha situación es preocupante, dado que el crecimiento urbano de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala ha provocado
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