DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2021 127 situación que se sintetiza en la ya conocida revolución verde y la revolución transgénica (Toledo y Damián, 2016, pp. 106-107). En este sentido, el gobierno ha seguido una “política sustentada en desestimular la producción de los pequeños y medianos productores, orientando hacia ellos programas asistencialistas, lo cual ha generado la devastación de la mayor parte de las unidades productivas”, ignorando igualmente las recomendaciones de diversos organismos multilaterales que buscan que se impulse la agricultura familiar (Rubio, 2015, p. 68). Esta circunstancia de ignorar a los pequeños productores, como el campesinado, adquiere mayor fuerza en las leyes y planes de gobierno locales y municipales. Respecto de la legislación local, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla (2021, artículos 107, 110, 123 y 126), determina el papel del Estado respecto de la comercialización y la agroindustria. Sobre estos puntos se centra el apoyo mediante financiamientos, trasferencia tecnológica, reconversión productiva, elevación de la productividad, mejora del abasto de alimentos; creación de comités regionales y de sistema producto, incluso establece un Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los agentes de la sociedad rural. No obstante, en la misma ley se aprecia que la visión del Estado es fomentar los canales de distribución mediante un esquema eminentemente empresarial, que no considera a lo público y la satisfacción de necesidades como ejes rectores; también se destaca que no establece ninguna relación con los mercados municipales u otros centros de acopio y distribución públicos en ningún momento. Por último, se añade que en la ley no se menciona en ningún momento el término campesino. Igualmente significativo es que el propio Plan Estatal de Desarrollo de Puebla determina que existe una “falta de interés de los campesinos en producir para el mercado” y que “la tecnología de producción recomendada, en muchas ocasiones no es la correcta para el sistema específico que usan los productores”; no obstante, también reconoce que se hará una reformulación de las políticas públicas a efecto de rescatar el conocimiento campesino (pedp, p. 169). Relacionado con esta visión de cuño neoliberal, es relevante que el tema del agro en Plan de Desarrollo del municipio de San Andrés Cholula (2018, p. 234), sólo considera la mecanización agrícola para incrementar la productividad y reducir los trabajos empleados en el campo, lo que reproduce las lógicas mercantilistas referidas. Sin embargo, hay ciertas áreas que son novedosas, aunque con matices, pues crea el Programa de Canastas Verdes a través de la entrega de productos agrícolas locales que garanticen la seguridad alimentaria de las familias del municipio (Plan Municipal de Desarrollo de San Andrés Cholula, 2018, p. 267). Por lo anterior, tenemos que la Constitución federal realiza fundamentales progresos estableciendo como derecho de primer orden, el de la alimentación, así como la participación del campesinado. Sin embargo, cuando se analiza el nivel de cumplimiento del parámetro constitucional en el ámbito estatal y municipal, puede apreciarse que en ellos predomina una visión eminentemente mercantil, sin dar el acento en el cumplimiento de derechos.
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