122 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2021 Estado y el campesinado. En este sentido, la corporativización de los campesinos, mediante prácticas clientelares y paternalistas, fue la característica más evidente (Herrera, 2013, p. 137). Así, tenemos que la Confederación Nacional Campesina (cnc) ha sido la organización referente de este modelo. Irónicamente, esta confederación nació como medio de defensa y promoción de la reforma agraria cardenista, para posteriormente volverse sólo un eslabón más del Partido Revolucionario Institucional (pri), siendo partícipe del control clientelar, la disuasión y la represión del descontento rural, estrategias que alimentaron a la llamada “pax priista” (Servín, 2011, p. 19). Conforme a lo anterior, se evidencia que el Estado mexicano nunca ha buscado la construcción de una ciudadanía plena en el sentido de la filosofía del republicanismo cívico, llegando a ser la población rural víctima de esta situación histórica, siendo utilizada, negada, e incluso asesinada si busca defender sus intereses (López, 2017, p. 225). La entrada del modelo socioeconómico actual se ubica a partir de 1982, cuando, a causa de las diversas crisis originadas por la deuda externa, los gobiernos se vieron obligados a transformar radicalmente sus estrategias económicas, “pasando de modelos populistas, corporativistas y/o redistributivistas, a otros más afines a un nuevo régimen global, donde se le da preponderancia al mercado a través de tratados de libre comercio y cárteles de corporaciones trasnacionales” (Llambí y Pérez, 2007, p. 49). Por lo anterior, se pretende orientar la producción para fines estrictamente mercantilesfinancieristas, a través de modelos científico-tecnológicos que requieren de grandes inversiones de capital (Noriero y Massieu, 2018, p. 192). En este sentido, el modelo promueve el uso del campo mediante la agricultura intensiva, productivista y altamente tecnificada, así como simbólico, a través de paisajes culturales, productos territoriales, eco y agroturismo, lo cual tiene como único fin la capitalización del campo, la comoditización impuesta a los mercados tradicionales y locales, con lo que busca integrar a las regiones a los nuevos mercados de articulación global (López, 2017, p. 221). En este sentido, el poder público contribuye activamente a la instauración de los principios financieros en el territorio, dando lugar a una nueva economía política organizada conforme al lucro, donde no existe apoyo para ninguna región que no esté en el marco de intereses del mercado financiero internacional (Silveira, 2008, p. 10). A la par de lo anterior, se destaca que el agronegocio y la agricultura industrial producen alimentos no saludables, generando desigualdad socioeconómica, emisiones de gases efectos invernadero, hambre, devastación ambiental, contaminación del hábitat con transgénicos, envenenamiento de la tierra y las personas con pesticidas, destrucción y pérdida de culturas y de sustento rural (Rosset y Martínez, 2016, p. 281). La situación es preocupante, en tanto el modelo agroindustrial usa 70% del total del consumo de agua dulce y emite 35% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero (Saynes et al., 2015, p. 84). A raíz de esto, el modelo agrario nacional se caracteriza por su poca capacidad de oferta para satisfacer la demanda interna, el mínimo desarrollo de los mercados, baja productividad y bajos niveles de ingresos para la mayoría de los productores, lo que en suma provoca la ausencia de un plan para el logro de la autosuficiencia alimentaria (Sánchez, 2014, p. 947). Por ende, el campo ha pasado de ser un elemento central en la estrategia del de-
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