68 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2020 Cuando una democracia es incapaz de proteger el principio de la libertad de expresión, en realidad también está afectando la capacidad que tienen no sólo sus ciudadanas y ciudadanos de decir lo que piensan y expresar lo que opinan, sino también la capacidad de las otras personas de acceder a diferentes puntos de vista, de acceder a diferentes fuentes de información, y eso termina incidiendo no sólo en el debate público, sino en la generalidad de las decisiones políticas que se tomen. En ese sentido, digamos, México tiene muchas deudas pendientes. Tiene deudas pendientes desde el Estado, por supuesto. Tiene deudas pendientes desde el gobierno mismo que, desafortunadamente, ha aprovechado sus espacios mediáticos para contribuir a la polarización y, aún más grave, al desprestigio de voces disidentes y voces críticas. Eso genera un clima enrarecido, un caldo de cultivo donde justamente este tipo de declaraciones pueden ser consideradas, incluso, como llamados a la agresión. Entonces, México no goza de una buena salud respecto al tema de la libertad de expresión y, en general, tiene muchos desafíos y muchos retos, en torno al ejercicio de los derechos humanos a través del entorno digital, que es, un poco, como englobamos este constructo de los derechos digitales. En términos, por ejemplo, de privacidad, siguen pendientes de resolución los casos de espionaje contra personas periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos que se han concretado en los últimos sexenios, principalmente, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Han salido nuevas revelaciones en los últimos años, en los últimos meses, que apuntan al uso también de software de espionaje durante el sexenio del presidente Felipe Calderón y la gestión del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, o centros de espionaje operados, por ejemplo, en la Ciudad de México por personas allegadas a la administración del entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Son tan sólo algunos ejemplos de las numerosas irregularidades que siguen apareciendo en torno al tema de vigilancia y espionaje. Seguimos sin contar, como país, con un marco regulatorio que norme de alguna forma la adquisición y el uso de este tipo de herramientas de intrusivas de vigilancia. Existe una grave opacidad, por supuesto, también corrupción con empresas intermediarias, que son aquellas que comercializan, que venden a gobiernos nacionales y subnacionales, este tipo de software, este tipo de instrumentos. Podemos hablar de otro tipo de debates también, que están ahorita en el foco, especialmente hablando de la libertad de expresión y la relación que existe con las reformas recientes al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Derechos de Autor, donde el uso de ciertos mecanismos, especialmente el mecanismo de notificación y retirada –que busca, de alguna forma, remover contenidos que cometan infracciones al derecho de autor–, tiene un lamentable efecto colateral, también, de silenciar voces disidentes, de silenciar expresiones legítimas, debido al uso que hace de mecanismos, digamos, automatizados de remoción de contenido. Eso también genera condiciones
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