DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2020 45 Aproximadamente escuchamos a 149 personas privadas de la libertad, con un enfoque cualitativo bastante interesante, pues aprovechamos estos diálogos para retratar desde su percepción qué era lo que estaba pasando frente al estado de cosas inconstitucional. Los mismos problemas identificados desde 1998, ratificados luego en 2013 y 2015, seguían vigentes, pero esta vez, quien hablaba era la población privada de libertad, que nunca había tenido la oportunidad de participar en estos informes. Tadeo Luna: Me parece importantísimo recuperar las experiencias de las personas en situación de privación de libertad, ¿cuáles fueron los principales hallazgos? Marcela Olarte: En el informe, los hallazgos se presentan en cuatro bloques principales, los mismos que pide la Corte Constitucional: la resocialización, hacinamiento e infraestructura, salud, alimentación, servicios públicos y acceso a la justicia. En materia de resocialización, lo que se evidenció fue el constante incumplimiento de la progresividad en el tratamiento penitenciario. La ley en Colombia establece como sustento de la pena privativa de libertad la resocialización y, por lo tanto, debe haber un tratamiento penitenciario que es por fases. Encontramos que existen problemas en la progresividad en el tratamiento penitenciario por muchas razones; una de ellas es que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que es el encargado de todo el tema penitenciario en Colombia, no estaba enviando los documentos necesarios a los jueces. Digamos que hay un problema de burocracia, donde los papeles con los certificados o las constancias de trabajo o estudios no estaban llegando a los jueces. En consecuencia, cuando se solicitaba el cambio de fase, los jueces devolvían el expediente porque estaba incompleta la información. Esto ha generado un obstáculo muy grande dentro del proceso de resocialización. Otro de los hallazgos sobre resocialización se relaciona con el tipo de actividades que desarrollan las personas privadas de libertad. Sabemos que el trabajo, el estudio, la enseñanza son importantes para la resocialización. Pero encontramos que los cupos para estas actividades son insuficientes, no todas las personas pueden acceder a ellos y, además, en la cuestión de estudio, las personas privadas de libertad advertían sobre el poco tiempo y la mala calidad del mismo. Los que logran acceder a algún tipo de formación, reciben una o dos horas diarias de algún ciclo básico. La mayoría de las personas privadas de libertad no han terminado la primaria o la secundaria, entonces les dan una o dos horas de cualquier ciclo básico y resulta que, al final del día, los terminan graduando como bachilleres sin haber tenido realmente el acceso a contenidos o habiendo aprendido los contenidos adecuados. También hay un problema muy grande con el mantenimiento de los vínculos familiares. La Corte Constitucional ha insistido que, para que haya una verdadera resocialización, debe haber una constante conexión y reconstrucción de esos tejidos sociales con la familia y, en
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