DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2020 27 revisar desde dónde estamos posicionando las políticas públicas, qué es lo que estamos buscando. Porque, en realidad, por lo que hemos estado luchando es que se integren las agendas políticas en esta visión del derecho de las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, y con esto, todos los demás derechos que se desencadenan, pero, desafortunadamente, lo que pasa es que independientemente de la administración que tengamos, el Estado mexicano no ha cumplido con las obligaciones que tiene a nivel internacional. Por ejemplo, desconoce el número de instituciones que hay en el país, como lo comentaba, no se sabe cuántas personas hay en ellas, muchas de estas instituciones operan sin licencia, sin regulación, nadie las monitorea, entonces ahí podemos ver que hay una ausencia del Estado. No son cosas nuevas, sin embargo, el Estado mexicano no ha reorientado sus políticas públicas. No hay mecanismos de acceso a la justicia para denunciar lo que sucede dentro de estas instituciones, permea una cultura de la impunidad, las y los abusadores siguen libres, no rinden cuentas, no hay un plan para desinstitucionalizar a las personas, y tampoco se les dan los apoyos necesarios para que puedan vivir en la comunidad. Lo que documentamos en el Informe es que muchas de las personas están en las instituciones por razones sociales, no por una cuestión de salud mental, sino porque no tienen una red de apoyo, ya sea familiar o comunitaria, un lugar donde vivir; pero tampoco están en la comunidad todos los servicios que se requieren para que las personas puedan recibir atención. En el caso de niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad, por ejemplo, vemos la vulneración a su derecho a vivir en una familia; el Estado mexicano tiene obligaciones de garantizar sus derechos, sin embargo, las políticas públicas que hemos encontrado no lo satisfacen, no se ha restituido el derecho a vivir en una familia de las niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad. Entonces el Estado mexicano ha sido omiso ante este derecho. Permanece la negación de los derechos hacia las personas con discapacidad como la capacidad jurídica. Tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde hace bastantes años y ¿qué es lo que ha pasado en términos de políticas públicas, o de cambiar las leyes, o armonizarlas? Absolutamente nada, entonces ahí también vemos que, desafortunadamente, no están orientadas las políticas a dar efectivo cumplimiento, tanto a las recomendaciones como a garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad. Eduardo García: Quisiera saber si ustedes tienen alguna información de cómo es la situación que están enfrentando las personas con discapacidad que están institucionalizadas en el marco de la pandemia. IvonneThaili Millán: Disability Rights International estuvo trabajando con otras seis organizaciones internacionales a fin de monitorear la situación de las personas con discapacidad en el marco de la pan-
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