DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2020 283 diferencias, pero en bloque, ¿qué es lo que las distingue? Pues, pudiéramos decir que muchas, si no es decir todas, muchas de las prisiones estatales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –que es la que también hacía, porque no creo que en este momento siga haciendo supervisión penitenciaria de cárcel por cárcel, como llegó a hacerlo en algún momento y a rendir reportes– ya nos dijo que el 65 % de esas prisiones estatales estaban en manos de grupos, o sea, que tenían participación los propios internos, ellos eran quienes dominaban en la prisión, estaban bajo el gobierno de los grupos delictivos. Entonces, esas prisiones estatales en grueso, lo que podemos decir, es que hay una ausencia por parte del Estado en esas instituciones. El Estado no tiene la gobernabilidad de esos establecimientos. Es, otra vez, una ficción de ley suponer que así es, pero no lo es. ¿Qué pasa en cambio en las prisiones federales? Fíjense ustedes que es un contraste enorme. Mientras que las estatales, por decirlo de alguna manera, carecen de ley o el Estado está ausente; en las cárceles federales, el Estado está efectivamente presente excesivamente, lo que quiero decir es: abusivamente presente. Las cárceles federales muy desafortunadamente fueron construidas imitando el peor de los sistemas que podríamos haber imitado en el país. En vez de echarle mirada a Canadá, a Europa, que son los mejores sistemas penitenciarios y más humanos en el mundo –en ninguno, bueno que digamos bueno, bueno, pero mejor que otros, sí; mucho más dentro de la ley, y respetuosos de derechos–, fuimos a imitar el peor de los sistemas, que es el de Estados Unidos. Entonces se construyeron, fíjense ustedes, cuando [Felipe] Calderón tomó el poder había sólo tres centros federales, hoy día existen 17; porque justo con toda su guerra en contra de las drogas, supusieron que iba a incrementar muchísimo el crimen organizado, para la gente que iba a prisión eso no fue así. De todas maneras, construyeron unas moles gigantescas con participación de la iniciativa privada, esto que se llaman “cárceles privadas” –se llaman así informalmente, porque en los hechos se llaman “bajo contrato de prestación de servicios”–. Entonces se construyeron unas moles de prisiones gigantescas con un excesivo gasto de recursos porque el gobierno se comprometió a pagarlas en 20 años y después la iniciativa privada, las va a devolver al gobierno; pero, mientras tanto, esas empresas que construyeron esas prisiones –ICA, GEA, OMEX, TRADECO, PRODEMEX–, son las grandes empresas constructoras, las que ganaron esos contratos. Imagínense ustedes, se invirtió en la construcción de ocho prisiones, 200 mil millones de pesos, que el gobierno se comprometió a pagar en un plazo de 22 años. Además, el gobierno se comprometió a pagarles a esas [empresas], como si tuvieran el cupo lleno en cada una de esas cárceles. Son 2 mil 500 internos los que caben y están solamente al 60 % de su capacidad, y el Estado mexicano está costeando –tiene que costearlo porque así dice el contrato– como si estuvieran llenas al 100 % porque así se están pagando esas moles, que no tienen sentido. Son kilómetros de cemento, de fierros, de cámaras, con la tecnología más alta, y todos los presos que están en
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