DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2020 223 de comunidades indígenas, así como por las denuncias de esterilización forzada de mujeres y niñas (CEDAW, 2018, párr. 41). En este tenor, recomendó al Estado mexicano: a) armonizar las leyes federales y estatales para incorporar la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y de género, b) garantizar el acceso a la justicia y las medidas de reparación necesarias a las mujeres víctimas, c) reducir la mortalidad materna mediante la colaboración de las parteras tradicionales –elemento al que se hará alusión más adelante– y d) asegurarse que el personal médico solicite el consentimiento informado para la realización de las esterilizaciones y se sancione a quien las efectúe sin haberlo obtenido (CEDAW, 2018). Considerando este contexto de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las mujeres indígenas, a continuación, se identificará, de forma pormenorizada, cuáles son aquellos actos de violencia obstétrica que sufren con mayor recurrencia en las clínicas, unidades y/o hospitales que otorgan servicios de salud en el país. Violencia obstétrica: obstáculo para la justicia reproductiva de las mujeres indígenas en México México es un país con una compleja composición pluricultural. De acuerdo con una encuesta oficial, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de las 119 millones 530 mil 753 personas que habitan el país, el 21.50 % de ellas se autoadscriben como indígenas (25 694 928). De ese total, 13 millones 182 mil 262 son mujeres indígenas. Asimismo, cabe destacar que aun y cuando la autoadscripción afrodescendiente en dicha encuesta no fue incluida dentro de los números globales de la población indígena, sí debe tomarse en cuenta que este sector étnico tiene una población de 1 millón 381 mil 853 personas, de las cuales 704 mil 929 son mujeres afrodescendientes. En este sentido, diversos estudios han mostrado las desigualdades prevalecientes entre la población indígena en relación con la no indígena, tanto en condiciones de vida como en perfil epidemiológico y expectativas de vida (CNDH, 2017c: 25); la población indígena en condiciones de pobreza casi duplica a las de la población no indígena, y el 21.5 % de la población indígena carece de acceso a los servicios de salud (CNDH, 2017c: 26). Se estima que el 71.9 % de la población indígena vive en la pobreza o extrema pobreza, mientras que la proporción a nivel nacional es de 40.6 %. El 55.5 % de la población indígena reside en municipalidades consideradas de alta o muy alta marginalización y el 87.5 % de las municipalidades indígenas, las que tienen 70 % o más de población indígena, se encuentran en condiciones de alta o muy alta marginalización (CONEVAL, 2016: 63). Esa profunda desigualdad en el acceso al disfrute del nivel más alto posible de salud se exacerba al tratarse de mujeres indígenas y población afrodescendiente. Sobre este particular, a nivel regional,
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