218 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2020 Introducción Una de las piedras angulares del movimiento por los derechos de las mujeres ha sido la recuperación del poder sobre sus cuerpos y reivindicación de su papel en la reproducción. Bajo los objetivos de la justicia reproductiva se ha planteado la necesidad de que todas las personas sean depositarias de autonomía reproductiva, lo que conlleva –entre otras cuestiones– el derecho de las mujeres a ser madres en condiciones dignas y elegidas (Ross, 2017). Desde esa perspectiva, el reclamo del derecho de las mujeres a ejercer la reproducción de manera digna y bajo las condiciones elegidas, se interpone ante prácticas que obstaculizan el acceso de ellas al ejercicio de sus derechos reproductivos de forma digna durante sus embarazos, partos y puerperios. Específicamente, la violencia obstétrica se ha nombrado, principalmente en América Latina (Williams, Jerez, Klein, Correa, Malena, Belizán, & Cormick, 2018), como una práctica compleja y profundamente arraigada en los servicios de salud que priva a las mujeres de su autonomía reproductiva, además de constituir una violación a sus derechos humanos. La violencia obstétrica, en la práctica médica y clínica, se suscita en un escenario en el que convergen la desigualdad y discriminación por razón de género, la formación sexista, las asimetrías de poder, el desarrollo de múltiples formas de apropiación del cuerpo de las mujeres, la generación de prácticas deshumanizadas que minimizan o desestiman el dolor en la atención obstétrica, así como múltiples carencias institucionales; conformado de esta forma los componentes centrales que caracterizan a este tipo de violencia que afecta, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a 33.4 % de las mujeres al momento de atender sus partos (INEGI, 2016). Sumando a esto, existe un componente adicional que maximiza y exacerba la desigualdad de género prevaleciente en los servicios de salud: el origen étnico. De acuerdo con datos recientes, en México, 80 % de las prácticas de violencia obstétrica son sufridas por mujeres indígenas (Proceso, 2014). Esta marcada desproporción incide en el logro de la justicia reproductiva, ya que ensancha la brecha de género y coloca a las mujeres indígenas en una posición de particular violación de sus derechos humanos. Al respecto, el Estado mexicano, si bien ha configurado diversas medidas –por ejemplo, la adopción de este término en el derecho interno–, éstas no han generado la transformación necesaria para garantizar los derechos de las mujeres inmersas en este contexto. El presente texto pretende exponer, bajo un enfoque de justicia reproductiva –que establece el derecho de todas las mujeres a ejercer su autonomía reproductiva en condiciones dignas y elegidas– y desde una perspectiva de género e interseccional, cuál es la situación contextual existente sobre la violencia obstétrica en mujeres indígenas, dar cuenta de las prácticas específicas que constituyen discriminación con motivo del origen étnico, hacer un análisis crítico
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