198 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2020 y programas de inclusión” respecto de las condiciones de las propias instituciones para “definir los apoyos necesarios y ajustes razonables como los servicios universitarios, la valoración y evaluación orientados a la discapacidad, la defensoría y enlace” (Pérez-Castro, 2019: 163). No obstante, se debe considerar con mucha cautela, por un lado, los supuestos de accesibilidad (acceso a bienes y servicios, por ejemplo, las instalaciones e infraestructura) y. por otro, los ajustes razonables7 para priorizar los más altos estándares de igualdad y no discriminación que han sido observados por diversos organismos internacionales y nacionales. A saber, en una de sus recomendaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2019: 67) estipuló la importancia de generar “acciones encaminadas a eliminar de manera progresiva las barreras físicas, normativas, materiales, tecnológicas y comunicacionales que impiden el ejercicio pleno de sus derechos”. Las personas indígenas también siguen siendo excluidas o discriminadas en las universidades, sin dejar de advertir que únicamente el 1 % de ellas se inscribe en una universidad (Agencia Id, 2018). Algunos informes, a su vez, han señalado que las mujeres indígenas experimentan violencia institucional, discriminación y revictimización, falta de atención con perspectiva de género e interculturalidad (Bonfil-Sánchez, De-Marinis, Rosete-Xotlanihua y Martínez-Navarro, 2017: 254). De igual forma, las personas de las comunidades LGBTI+ viven discriminación por parte de sus propios compañeros o compañeras, de padres y madres de familia y de docentes, a través de burlas e insultos, principalmente (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 2018). Desafortunadamente, lo anterior, es un reflejo en las escuelas del contexto social y cultural que propicia la homofobia y que tiene repercusiones en la vida cotidiana de las personas de diversidad sexual, pues la violencia cometida por compañeras y compañeros conlleva la deserción escolar de personas LGBTI+. En el caso de las mujeres, diversos organismos, informes y movilizaciones han expresado la urgente necesidad de erradicar las múltiples expresiones de violencia que se generan hacia ellas. Datos muy recientes, como los que registra el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020), muestran que se han incrementado los delitos cometidos hacia las mujeres, como los feminicidios y homicidios dolosos, los casos de trata de personas, la violencia familiar, y las lesiones dolosas.8 En cuanto a la violencia que se genera hacia adolescentes y mujeres en el ámbito escolar, a lo largo de su vida estudiantil, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (INEGI, 7 “[…] modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad). 8 Esta información se presenta con corte al 31 de mayo de 2020, de acuerdo con los datos abiertos.
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