DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2020 197 y acreedoras de la Beca Pedro Arrupe, S.J., ya habían expresado su preocupación frente al contexto de la violencia generalizada hacia las mujeres y los feminicidios en la región, a la par de la violencia que viven las mujeres universitarias. Por esa razón, en un manifiesto solicitaron cuatro acciones concretas: 1) construcción de masculinidades menos violentas; 2) incentivo de protección y sororidad entre mujeres; 3) protocolos para prevenir la violencia de género en la Ibero Puebla y en todas las instituciones educativas; y 4) la implementación de estrategias de acción por parte del Estado.6 En atención a estas preocupaciones y desde un interés prioritario de las áreas responsables (Procuraduría de Derechos Universitarios y Programa de Prevención de Violencias), la Universidad Iberoamericana Puebla dio curso a una revisión y actualización de algunos criterios y condiciones estructurales y operativas que permitieran generar actuaciones más sólidas. En consecuencia, bajo un proceso articulado y profundo, se valoraron algunos de los enfoques y criterios para alcanzar dicho fin, como el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, la interseccionalidad y la justicia restaurativa; posibilidades que revisaremos en el último apartado de este documento. Sin lugar a duda, las expresiones públicas han evidenciado los prejuicios y estereotipos que perpetúan sistemas y condiciones como el patriarcado, el sexismo y la misoginia, en espacios tan trascendentes como las aulas, pero también hay otras realidades que han sido poco comprendidas y atendidas, como la discriminación, la homofobia, el racismo o la discapacidad, por considerar algunas problemáticas que se presentan cada día y con más reiteración. Ante estos escenarios, las instituciones universitarias han comenzado a realizar algunos ajustes considerando sus propios recursos y perspectivas, de ahí que esta primera reflexión se centre en los siguientes aspectos. Personas en condiciones de vulnerabilidad en los entornos universitarios Existen diversos factores que pueden acrecentar prácticas violentas o discriminatorias hacia determinados grupos. La pandemia del COVID-19, por ejemplo, ha hecho más notable que existen grupos que históricamente han sido excluidos o están en especial riesgo, como lo señaló recientemente la CIDH (2020); entre esas personas, que también pueden formar parte de las comunidades universitarias, resaltan las mujeres, las personas con discapacidad, las personas indígenas, y quienes pertenecen a la comunidad LGBTI+. Las personas con alguna discapacidad física, psíquica o múltiple deben enfrentar a un sistema poco inclusivo durante sus trayectorias universitarias, ya sea en su calidad de estudiantes o de personas que colaboran o trabajan en las instituciones. En ese sentido, coincidimos en que se requiere focalizar “el desarrollo de políticas 6 Boletín de Prensa DCI-170. “Memoria, verdad y justicia para todas”: concluye Jornada #NiUnaMás.
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