Derechos Humanos / Anuario 2020

146 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2020 • Un tiempo de espera de 40 minutos para el primer contacto (es decir, para ser recibido por el orientador jurídico). • Tiempo de atención de hasta 5 horas para la presentación de una denuncia o querella. • El caso de una adolescente indígena de 15 años que fue víctima de violación, quien no logró la apertura de su carpeta de investigación hasta después de tres semanas debido a que no se contaba, en el momento, con un perito traductor que hablara náhuatl, y tampoco recibió la explicación de la entrega de oficio de canalización a un Hospital General para recibir atención inmediata para Profilaxis Post-Exposición a VIH (PEP-KIT), Quimioprofilaxis y Anticoncepción de Emergencia, como lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM046-SSA2- 2005. Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. La metodología empleada en este ejercicio se basó, principalmente, en encuestas realizadas a víctimas que acudían directamente a las unidades a presentar sus denuncias, además que fue desarrollada por la organización México Unido contra la Delincuencia, la cual ha buscado replicar estos análisis con algunas Fiscalías de otros estados. Por ejemplo, el informe presentado en marzo de 2017, que calificó unidades de la Fiscalía General del Estado de Morelos, destaca que la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos de Homicidio en Contra de la Mujer y Feminicidios obtuvo un promedio inicial de 6.2 para subir a 8.5 en promedio final, destacando dos ejes de evaluación: calidad de la atención y actos de ilegalidad o irregularidades. Algunos aspectos para destacar son: • 51 % de las víctimas informó que el Ministerio Público que le atendió no se identificó, ni portaba gafete. • 78 % informó no haber recibido copia de su declaración al momento de iniciar la denuncia. • 58 % manifestó que el Ministerio Público no le proporcionó el número de su Carpeta de Investigación. • 9 de cada 10 denunciantes entrevistados no fueron informados de los derechos que les asisten en su calidad de víctimas del delito. • 9 de cada 10 denunciantes entrevistados no fueron informados del derecho que tienen a contar con un asesor jurídico público. • 81 % de las/los usuarios no fueron informados del estado procesal de las carpetas de investigación. En la lógica del sistema penal y de justicia se encuentran diversos análisis que siguen exponiendo ejercicios contrarios a lo establecido en la ley. En materia, por ejemplo, del reconocimiento como pueblo indígena, los alcances de sus derechos, como la libre determinación y la autonomía, quedan supeditados al arbitrio de las entidades federativas produciendo una suerte de discriminación legal, como advirtiera el intelectual mixteco Francisco López Bárcenas (Del Pozo, 2020).

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