DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2020 145 Coahuila, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Destaca, además, que los hechos violatorios que tuvieron mayor número de recomendaciones fueron: la detención arbitraria (11), tortura (7), desaparición forzada o involuntaria de personas (5), integrar la averiguación previa de manera irregular o deficiente (5), retardar o entorpecer la función de la investigación o procuración de justicia (5), negar la recepción de una denuncia (2), por señalar algunas. En materia de prevención, atención y seguimiento a la violencia de género, en el año 2010, una de las políticas públicas que se puso en marcha, a través del Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), fue la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres, espacios cuyo fin fue atender recomendaciones internacionales hechas al Estado mexicano en dicha materia, y proteger de manera integral a las mujeres y sus derechos. Las acciones esenciales se concentraron en desarrollar servicios interinstitucionales y especializados de atención con perspectiva de género, para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; garantizando el acceso a la justicia a través de servicios de atención legal, médica, psicológica, proyectos de empoderamiento económico, espacios de ludoteca y refugio temporal. De acuerdo con el documento Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), Informe sobre el estado de la política pública a nivel nacional, desarrollado por la organización EQUIS Justicia para las Mujeres, en el año 2017, se concluyó lo siguiente: • Falta de homogeneidad entre los CEJUM en todos los sentidos, debido a que fueron creados por diferentes documentos, dependencia de adscripción, recursos económicos y humanos, y herramientas operativas. • Necesidad de establecer protocolos y manuales que definan las funciones del personal del CEJUM, que dejen clara su relación con el Centro, y garanticen su idoneidad para desempeñar las tareas propias de su ámbito. • El modelo es prioritariamente punitivo, debido a que la mayoría de los CEJUM dependen de Fiscalías o Procuradurías; dando el mensaje de que el acceso a la justicia se limita a la persecución y la sanción de delitos, lo que contraviene al modelo integral que los creó, que incorpora la atención médica y psicológica, el empoderamiento económico y social como elementos para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres (EQUIS, 2017: 46). En esta revisión se agregan denuncias públicas y el trabajo que la sociedad civil organizada ha presentado. Por ejemplo, en el año 2018, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla presentó el informe Resultados del Monitoreo Ciudadano en Agencias del Ministerio Público que comprendió desde marzo hasta octubre, el cual arrojó una calificación inicial de 4.9 en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales logrando alcanzar 6.7 en el cierre de ese análisis. Destacan, entre sus principales inferencias:
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