DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2019 63 mercado, aumentar la inversión extranjera directa (IED), privatizar los servicios de interés público, reducir las barreras comerciales y limitar la intervención del Estado en la actividad económica, entre otros. En cumplimiento de la agenda económica, el Gobierno mexicano ha adoptado reformas legales2 y políticas que generan las condiciones adecuadas para que las empresas transnacionales desplacen parte o todas sus actividades productivas al Estado mexicano mediante filiales (internal outsourcing) o empresas subcontratadas (external outsourcing). Esto con el fin de conseguir una reducción rápida y eficaz de los costes en función del acceso a las materias primas, de mano de obra más barata o bien de las menores exigencias en el ordenamiento jurídico interno. En este sentido, México se ha convertido en uno de los países que más IED recibe a nivel regional y mundial. Por tanto, el contexto económico de México se ha configurado de tal manera que las grandes empresas han adquirido un importante poder económico y político que les permite ejercer una fuerte influencia sobre las instituciones y los responsables de la toma de decisiones políticas en el Estado mexicano, con el fin de socavar la realización de los derechos humanos y ambientales en beneficios de sus intereses (Nueva Sociedad, 2016). A pesar de esta situación, el Estado no ha logrado adoptar acciones concretas para desarrollar una estrategia y política pública, efectivas para contrarrestar el poder de las grandes empresas y regular sus actividades en la esfera de los derechos humanos (Iglesias Márquez, 2018; Cantú Rivera, 2016). En comparación con la agenda económica, la perteneciente a empresas y derechos humanos es incipiente y ha tenido un desarrollo lento y poco coordinado con otras políticas públicas y con los diversos organismos de los diferentes órdenes del Gobierno. El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 (PNDH) (DOF, 2014), publicado el 30 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, abordó por primera vez la promoción de los derechos humanos en las políticas y actividades empresariales. La Estrategia 4.4 del PNDH 2014-2018 reconocía que, para asegurar y fortalecer la protección de los derechos humanos, es necesario regular las acciones de actores privados y promover el desarrollo de una cultura de derechos humanos en las empresas o instituciones privadas. La estrategia establecía cinco líneas de acción consistentes en: fortalecer los mecanismos encargados de garantizar el respeto de los derechos humanos por las empresas y el sector privado; promover que las empresas difundan los estándares de derechos humanos y los incluyan en sus declaraciones de principios, códigos de conducta o políticas; impulsar el enfoque de derechos humanos en la responsabilidad social empresarial; promover que la legislación dirigida a la regulación de las empresas asegure el respeto a los 2 Recientes reformas en México a los sectores energético, de telecomunicaciones y minero invitan a las empresas transnacionales a que inviertan en megaproyectos. No obstante, la falta de medidas de prevención y de coordinación necesarias generan un alto impacto en el sentido de que las empresas en estos sectores afecten el disfrute de los derechos humanos de diversos sectores de la población, principalmente los que se encuentran en una situación de vulneración (Iglesias Márquez, 2018).
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