42 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2019 La construcción de un discurso global en relación con la institucionalización de la perspectiva de género En el curso del siglo XX y durante la primera década del siglo XXI, los movimientos feministas y de mujeres han colocado en la esfera pública demandas de género que han ido modificando en alguna medida los marcos de sentido, cuestionando las subjetividades masculinas y femeninas, así como las relaciones de subordinación de género. Para que los procesos de institucionalización de género tuvieran lugar ha sido necesario que, previamente, una serie de temas relacionados con la desigualdad entre hombres y mujeres alcanzaran cierta visibilidad social y fueran considerados asuntos de interés público, por lo menos, por ciertos sectores. La posibilidad de que algunos movimientos sociales integren sus demandas a las agendas públicas y, luego, institucionales, responde no sólo a la correlación de fuerzas y a condiciones de oportunidad, sino a que han tenido lugar ciertas transformaciones de los marcos culturales y políticos en los cuales existen las negociaciones. Algunos autores (Birkland, 2007; Aguilar, 2007) consideran que el proceso mismo de intercambio entre actores de la sociedad civil y actores de gobierno en la construcción de las agendas va transformando en alguna medida los marcos de interpretación. En el terreno de la institucionalización de género ha sido de utilidad la abundante literatura generada por los estudios de género y la existencia de grupos de especialistas en el tema. Las múltiples investigaciones, diagnósticos y estadísticas de género han dado argumentos para contribuir, de alguna manera, a modificar los marcos de interpretación de los problemas. En la generación de estos dispositivos, el feminismo académico y militante ha contribuido de manera significativa. La contribución de actores de la sociedad civil y gubernamentales se ha traducido en transformaciones en la definición de las agendas públicas, que han ido incorporando paulatinamente problemas derivados de las desigualdades de género hasta convertirse en políticas de gobierno. Al respecto, Virginia Guzmán (2001) ha sugerido que la institucionalización y la incorporación de mecanismos de género son la expresión de un proceso mayor: el de la legitimación e institucionalización de una nueva problemática en la sociedad y en el Estado. Lo anterior expresa una transición de la agenda pública, que está integrada por todas las cuestiones que los miembros de una comunidad política perciben comúnmente como merecedoras de atención pública, a la agenda institucional, que se refiere al conjunto de asuntos explícitamente aceptados para consideración seria y activa por parte de los encargados de tomar decisiones (Cobb y Elder, 1972, 1984). Esta distinción es importante porque, a pesar de que muchos asuntos alcanzan visibilidad y atención por parte de una determinada comunidad política (agenda pública), ello no necesariamente significa que sean integrados a la agenda de las instituciones de gobierno y de otras instancias cuyas decisiones son de trascendencia para la sociedad (agenda institucional).
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