44 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2018 Desgraciadamente, todavía no podemos hablar de que existe una universalidad del derecho y de que, efectivamente, todas las personas tienen el mismo nivel de acceso a la información, porque sigue habiendo muchos municipios que no otorgan acceso a la información a sus ciudadanos; sigue habiendo pocos mecanismos para acercar información a la población más vulnerable; tampoco existen, por ejemplo, estándares o criterios unívocos para restringir la información en casos legítimos, etcétera. Entonces, realmente, esta problemática que, de alguna manera, buscaba a través de la Ley y la reforma constitucional cambiar esas asimetrías, sigue estando ahí. Por otro lado, otra de las cuestiones que se trabajaron en ese momento era tratar de ver cómo el inai se convertía en un instituto nacional y no en un instituto federal, pero además tendría la competencia para atraer aquellos casos en los que, derivados de la falta de imparcialidad de los órganos garantes estatales, se tendrían que investigar ciertos casos o derivado de la trascendencia de los mismos. Tampoco hemos visto que esto ha funcionado efectivamente y que, si bien el inai tiene estas nuevas competencias y estas facultades, no hemos visto cómo han cambiado también las relaciones o la falta de imparcialidad dentro de los mismos órganos garantes. La ley amplía de manera muy significativa el nivel de información que tiene que ser publicada de manera proactiva, sin embargo, en el proceso de implementación nos enfrentamos a un gran reto que es la Plataforma Nacional de Transparencia que, al final, pues realmente se creó de una manera muy compleja y hace la información casi inaccesible. Entonces, todavía nos enfrentamos a una serie de retos, y, por otro lado, también nos enfrentamos a algo que siempre ha existido, pero que va mutándose en las formas en las que existe, que es la cultura del patrimonialismo de la información dentro de las unidades estatales, que hace que al final ellos piensen que ellos son dueños de la información y no que la sociedad es dueña de la información. Esto amerita que, de diferentes maneras y a través de diferentes mecanismos, vayan restringiendo los niveles de acceso a la información. De esta manera, vemos leyes como la Ley de Seguridad Interior, que reserva de manera categórica la información proveniente de las fuerzas armadas; vemos también leyes en las que se promueve el uso de la reserva de información distinta a la de la Ley General de Transparencia para cuestiones de infraestructura hidroeléctrica, por ejemplo. Al final, creo que hemos visto también cómo los estados han tratado de ir limitando poco a poco los niveles de acceso y los alcances de una muy buena ley. Desgraciadamente, en este sexenio vimos que, a la par de la Ley General de Transparencia, se emite la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que da pauta a la reserva de información por parte de los funcionarios públicos. Cuauhtémoc Cruz: De cara al cambio de gobierno, ¿qué retos ven? ¿cuáles serían los puntos prioritarios en materia de derecho a la información que debería atender el gobierno entrante? Desgraciadamente, todavía no podemos hablar de que existe una universalidad del derecho y de que, efectivamente, todas las personas tienen el mismo nivel de acceso a la información
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