DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2018 175 Si esta primera parte es más bien como el mapa que les estoy ofreciendo de la transición que estamos viviendo, la segunda parte de mi exposición tiene que ver, de manera concreta, de una investigación en la cual estuve participando durante dos años, que fue la elaboración de un informe de impactos psicosociales sobre el caso de Ayotzinapa, coordinado por Ximena Antillón, que trabaja en Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Publicamos un informe que se llama Sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Iguala, que se difundió en marzo de este año. Fue un trabajo que hicimos desde finales de 2015. Me quiero referir y quiero ofrecer reflexiones de carácter crítico como parte de este proceso de investigación sobre algunos elementos ético–políticos. Entonces, les voy a contar un poco sobre el informe que hicimos, cómo surge la propuesta de hacer esta investigación, cuáles fueron sus objetivos, cómo diseñamos la metodología y cómo interpretamos las voces y las experiencias de los familiares, y, por último, qué implicaciones tiene para exigir los derechos de las víctimas. Como parte del contexto, si se acuerdan, fue en septiembre del 2015 que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el giei, emitió su primer informe sobre el caso Ayotzinapa, y ahí, como parte de ese informe, lo que propusieron fue la necesidad de hacer un tipo de diagnóstico para identificar las afectaciones que ha tenido la desaparición forzada de los 43, la impunidad en el caso de los 43, pero también en el caso de los asesinados y en el caso de los estudiantes heridos y también de los estudiantes sobrevivientes. Eso fue [algo] que enfatizó mucho Carlos Beristáin, que creo que estuvo aquí hace unos meses, en la Ibero. De hecho, él fue nuestro asesor en este proyecto de investigación. Lo que propusieron es que hiciéramos ese trabajo haciendo entrevistas con los familiares de los desaparecidos, asesinados, heridos, con los estudiantes sobrevivientes. Que fuera un tipo de estudio discutido y acordado con el Centro Prodh, que lleva el caso, también con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan de la Montaña, que también lleva el caso, y con los familiares. Entonces, fue algo que estuvimos hablando mucho en asambleas con los familiares de los 43, y pensando en cuáles eran las implicaciones políticas de hacer un diagnóstico de este tipo, la primera respuesta de los familiares fue un rechazo, porque escuchaban diagnóstico que si [sic] Iguala como si estuviera enfermo. Y dijeron yo no necesito que me diagnostiquen, lo que yo quiero es saber dónde están mis hijos. Entonces, ahí fueron muchas discusiones en asambleas para ubicar el contexto político particular en el cual estábamos insertados, y era un momento en el que el Estado, la administración de Peña Nieto, quería cerrar el caso, quería decir que ya hay que olvidar, que los hijos ya sabemos que sus cenizas quedaron en el basurero de Cocula, y que tenemos que entrar en otra etapa. De hecho, desde las primeras dos semanas después del 26 de septiembre, en las casas de los familiares empezaron a llegar sujetos de todo tipo. Uno de los padres habló, por ejemplo, de una camioneta blanca, enorme, una pick–up que decía Comisión de Derechos Humanos, donde se bajaba una funcionaria pública y también hombres armados atrás. Llegaban a la casa de este familiar, cuyo hijo está desaparecido, para ofrecerle dos millones de pesos, y él decía: ¿cómo son capaces de saber dónde vivo y no son capaces de encontrar a mi hijo? ¿Y cómo llegan diciendo que son de una Comisión de Derechos Humanos y llegan armados? Entonces, desde el inicio en el caso de Ayotzinapa se intentó darles dinero a los papás. Un año y medio después seguía esta política de Estado que fue de tratar de cerrar el caso, de decir “murieron sus hijos, acéptenlo, aquí hay que entrar a una etapa de reparación”, que es igual a que les vamos a dar dinero, que para los familiares es igual a que “nos van a callar”, o sea, el dinero a cambio de dejar el tema en el olvido. Frente a ese impulso del gobierno, donde reducir y silenciar el caso de Ayotzinapa, las voces de los familiares de los 43 y de los estudiantes, lo que pretendía el informe era hacer lo opuesto, es decir, vamos a dimensionar las afectaciones, vamos a ampliar lo que implica una desaparición forzada, no es que aquí tienen que creer la mentira histórica de Murillo Karam y ya cerrar y seguir con sus vidas. También había que mover el terreno de la discusión. Nomás para ubicar este intento del Estado de Peña Nieto en ese momento, si pensamos en los diferentes derechos en un proyecto de derechos de las víctimas, querían brincar la etapa de la verdad, de la justicia, y llegar directamente a una reparación que, en realidad, se reducía a un cambio
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