DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2018 157 y que, por su agresividad, incrementa vertiginosamente las desigualdades y disparidades; un sistema político corrupto y burocratizado y una sociedad civil que aún no ha intuido el valor que tiene el derecho a la educación para el ejercicio de todos los derechos humanos y el bienestar de todos y que sigue, sin contemplar aún, a la educación como un bien común que posibilita el desarrollo de una cultura del respeto y cuidado de todos, todas y todo; todo esto nos permite afirmar que no ha habido conexión entre los discursos y acciones sobre y para la mejora escolar con la justicia social y el ejercicio de los derechos humanos. Con estos datos podemos constatar que, pese a los esfuerzos realizados en materia legislativa y de infraestructura, el Estado mexicano no ha sido capaz, estructural y pedagógicamente, de lograr que la educación se constituya en un mecanismo igualador con lo que, de no tomar las medidas necesarias, prevalecerán las desigualdades, inequidades e injusticia en detrimento siempre del ejercicio pleno de los derechos humanos, con las consecuencias que esta situación trae consigo en cuanto al respeto de la dignidad de las personas, la garantía de sus derechos humanos, económicos, sociales, culturales y medio ambientales. Se ha incrementado el número de años de escolaridad obligatoria para todos; se han formulado nuevas leyes; se generan nuevos modelos educativos impregnados de ideas, conceptos e intenciones buenas y legítimas, tal vez, pero muy alejadas de nuestras realidades y necesidades como país, donde casi a 70% se les niegan, de alguna manera, sus derechos económicos, sociales y/o culturales más elementales, como son bienestar con nivel de vida adecuado, salud, alimentación, vivienda, trabajo digno, educación de calidad, protección a su integridad, seguridad social y no discriminación; donde casi la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema y con tendencia a incrementarse por la situación económica prevaleciente en el país, situación que los hace muy vulnerables a cosificarse por las dádivas que reciben de los programas gubernamentales asistenciales —de caridad— alejándolos cada vez más de la oportunidad de constituirse en sujetos de derechos y haciéndolos cada vez más vulnerables a la manipulación y engaño y limitándolos, por su carencias sociales y económicas no satisfechas, a verse forzados a no ejercer su derecho a la educación, con lo que sus facultades humanas y ciudadanas para exigir su cumplimiento se reducen cada vez más, generando, por la incapacidad para hacerlo, un círculo vicioso que resulta en una creciente impunidad de los garantes de los derechos humanos ante la no exigencia de los y las que ostentan esos derechos inherentes e inalienables, perpetuándose la servidumbre y cosificación de las personas, facilitando la simulación y apariencia y generando ambientes que, en apariencia, promueven los derechos humanos, la legalidad, el Estado de derecho y la justicia con estados, funcionarios e instituciones que en sus prácticas los desconocen, niegan y violan. El Estado mexicano no ha sido capaz, estructural y pedagógicamente, de lograr que la educación se constituya en un mecanismo igualador
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