156 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2018 respondan a los fines establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos con una política pública sistémica y articulada en torno al combate contra la discriminación (p. 99), y que el principal problema es que la oferta educativa no atiende las desigualdades ni introduce acciones estructurales para ello, ni asigna recursos suficientes para su atención, “pareciera que el sistema reproduce esas desigualdades” (onu, p. 100). Asimismo, hace referencia al hecho de que poner las pruebas estandarizadas —pisa, enlace y otras— sobre los propósitos de la educación, oculta, de alguna manera, la prevalencia de un sistema educativo que ha resultado moroso en la ejecución de políticas públicas consistentes para pasar la culpa a los docentes (p. 102). Hecho que se hizo evidente por parte de los docentes nacionales que se oponen a la actual reforma educativa. Hace notar, también, la desarticulación, descoordinación y poco interés en los asuntos de educación pública de las organizaciones sociales y sociedad civil, y lo pobre de los esfuerzos realizados, en este sentido, por parte de los Consejos de Participación Social para la Educación, regulados por ley, que no funcionan o funcionan a medias como lo constata el hecho de que el Consejo Nacional llevaba más de diez años sin reunirse, de lo que se desprende su recomendación para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se active, en este sentido, con programas “urgentes, consistentes y sistemáticos en defensa al derecho a la educación principalmente con tres fines concretos: la exigibilidad y justiciabilidad del derecho, el estímulo a la participación y el control de la legalidad en torno al desarrollo de políticas educativas basadas en los derechos humanos” (Recomendación J.23), y actúe para posibilitar la creación de una institución estatal encargada de la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (p. 107). También menciona la urgencia de promover un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Resultan ser observaciones muy pertinentes y de fondo respecto a las obligaciones del Estado para hacer realidad el ejercicio real del derecho a la educación que debieran ser tomadas en cuenta con mucha seriedad en el país. No obstante, en los 17 años transcurridos desde su enunciación, los avances han sido principalmente en el campo legislativo y no a nivel de estructura y operacionalización de programas, donde, desafortunadamente, se siguen repitiendo los mismos vicios del pasado: programas asistenciales para reducir las desigualdades de acceso, permanencia y calidad en la educación; un nuevo modelo educativo que dejó de lado el análisis de fondo y participación de los actores implicados y sin respaldo social, lo que pronostica más de lo mismo; la prevalencia de mediciones estandarizadas sobre los fines de la educación que dan cuenta de cantidades, pero no de procesos y cambios que incidan tanto en lo estructural como en lo ideológico y pedagógico; la prevalencia de un sistema económico que en su acción niega lo postulado en los derechos humanos
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