DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2018 155 bienestar adecuados que les permita ejercer dignamente su libertad para ello y, por otro lado, contar con los servicios para acceder en igualdad de oportunidades y de calidad. ¿Qué tanto las diferentes realidades y necesidades de la mayoría de los y las mexicanas alcanzan estos estándares para estar en condiciones socioeconómicas de poder acceder y participar de la educación en igualdad de oportunidades? Aún estamos lejos de lograrlo. “La educación debe ayudar a dejar atrás la discriminación y el racismo”, manifestó Sylvia Schmelkes (inee, 2017), y agrega que es necesario devolver a la educación su mecanismo igualador y que, en México, aún no se alcanza o logra una educación que sea relevante para los alumnos de las primarias y secundarias. Tampoco ha logrado universalizar la enseñanza básica. La tasa neta de cobertura en preescolar es de 71.9%, en primaria de 98.6%, en secundaria de 87.6%, y en media superior de 57%. Persisten las inequidades en México, que se manifiestan en las zonas más pobres y vulnerables y donde hay mayores carencias educativas de infraestructura y recursos indispensables para el aprendizaje. Agrega Schmelkes que una de cada cinco escuelas en el país tiene techo de lámina, de asbesto o metal; 5% no tienen paredes o son de lámina o madera hechizas, con pisos de tierra y sin sanitarios; y que, además, los libros de texto gratuito no se distribuyen bien como en otros lugares. Situación que se recrudece en las escuelas indígenas y multigrado, donde las poblaciones más carentes, vulnerables y excluidas se ubican y donde las condiciones de injusticia social y mala calidad educativa se recrudecen, día a día, perpetuándose y limitando estructuralmente el ejercicio de sus derechos humanos y el de la educación. Por otro lado, con respecto a la educación media superior, recientemente hecha obligatoria para todos, aunque se observa un incremento en la matrícula y la tasa de cobertura bruta y neta, el abandono permanece por encima de los 600 mil alumnos por año. Hay, en este nivel, 2.4 millones de jóvenes fuera de la escuela, de 15 a 17 años, que no ejercen su derecho a la educación y, además, el desempeño educativo de los que permanecen deja aún mucho que desear pues, aproximadamente, la mitad de los alumnos obtuvieron el nivel mínimo en lectura y matemáticas. Esto deriva en la pérdida del potencial humano de nuestros jóvenes, lo que constituye casi un suicidio nacional. Se agrega a todo esto, como se menciona en la nota informativa del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, del 9 de noviembre de 2016, que la “participación de la Función Educación dentro del Gasto Neto Total ha tendido a disminuir en los últimos ocho años, pasando de concentrar 16.1% en 2010 a 14.1% en 2017, registrando una reducción real de 4.2%. México aún no alcanza el Objetivo del Milenio relativo a lograr la enseñanza primaria universal. Meta que debería haber sido lograda en 2015”. Es un hecho que las asimetrías estructurales, como las desigualdades entre las zonas rurales y las urbanas, y entre las escuelas públicas y las privadas persisten y se recrudecen día a día. El relator especial sobre el derecho a la educación de la onu, Vernor Muñoz, informa que en el país convivían, en el año 2010, más de 5 millones de personas mayores de 15 años de edad que no saben leer ni escribir (8.4% del total de la población), en su mayoría mujeres indígenas y habitantes de las zonas rurales. La tasa de analfabetismo llegaba hasta 50% en ciertas zonas y prevalece, aún hoy, un número inestimable de analfabetismo funcional. Resulta interesante observar que el mismo relator, en sus señalamientos, comenta también el insuficiente presupuesto asignado a la educación y su mala distribución, afectando principalmente a los grupos más vulnerables de comunidades rurales e indígenas y pone de manifiesto el problema de la deserción y rezago educativo que en estas se recrudece, así como su relación con la falta de pertinencia cultural y lingüística en la educación; aunada a la inconsistente e inefectiva formación docente, lo que lo lleva a afirmar que “las poblaciones pobres reciben una educación pobre” y que “las asimetrías no se pueden resolver de manera incidental ni asumir que los programas de compensación y subsidio resuelvan un problema estructural, que tiene que ver con la falta de una política pública articulada, sistémica, que no cambie cada seis años y que atienda los problemas de discriminación y exclusión social de las poblaciones indígenas, de zonas rurales, familias de jornaleros agrícolas y personas con discapacidad” (onu, p. 71). Es necesario, menciona respecto a la calidad, que el modelo educativo atienda a la diversidad y a la necesidad de que las oportunidades educativas
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