152 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2018 Ruitenberg, Kincheloe, entre otros, quienes ven en la educación un medio importante de transformación personal y social, viable y posible, de darse las condiciones para ello, lo que sostiene, de alguna manera, la esperanza de que así sea algún día. En este indagar y actuar, toma relevancia el análisis de la historia legislativa de México con sus intenciones, vinculaciones e interrelaciones con lo exigido a nivel global y los logros y desafíos planteados, desde los hechos, para la educación en y para los derechos humanos y la justicia social en México. El derecho a la educación, la justicia social y la legislación en México: logros y desafíos En la historia moderna de México y del mundo, el derecho a la educación ha estado siempre presente. Desde la Constitución de 1917, en México —mucho antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948— el artículo 3° ya establecía que la “enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares […] En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria”. De esta manera, aunque el artículo 3° ha sufrido varias reformas anteriores a las del 2017 —en el siglo pasado y el presente: 1917, 1934, 1946, 1980, 1992, 1993, 2002, 2011, 2012, 2013 y 2016—, su trascendencia para la conformación de la nación mexicana y la obligación del Estado de impartirla ha estado siempre presente. Puede afirmarse que, desde principios del siglo xx, el compromiso del Estado mexicano con la enseñanza pública se establece. Ya en los 90, con el Programa para la Modernización de la Educación 1989–1994, se reconocen los logros alcanzados a nivel de cobertura e infraestructura; se ratifica la obligatoriedad del Estado de impartir la educación básica de 10 años para todos, comprendiendo el preescolar, la primaria y la secundaria; y se explicitan los desafíos que esto implica con relación al logro de la igualdad y calidad para todos y todas: En siete décadas se ha atendido en lo fundamental el reto cuantitativo: la escolaridad promedio pasó de uno a más de seis grados; el índice de analfabetos se redujo del 68% al 8% y uno de cada tres mexicanos está en la escuela y dos de cada tres niños tienen acceso al preescolar; la cobertura de la escuela primaria es cercana al 95% y cuatro de cada cinco tienen acceso a la enseñanza secundaria; la matricula total del sistema escolar pasó de 850 mil a más de 25 millones, es decir, hay alrededor de 100 naciones en el mundo que tienen, cada una de ellas, una población total que es menor al número de niños y de jóvenes que atiende el Sistema Educativo Mexicano. Esta es, sin duda, una hazaña de enormes proporciones. Con el extraordinario avance de las miras educativas de la revolución se estimularon y acompañaron los grandes desarrollos del país; pero también —hay que reconocerlo— se acumularon rezagos y desequilibrios en el sistema educativo; se manifestaron evidentes inequidades y deficiencias y nacieron nuevos y más complejos desafíos… El gran reto de hoy es la calidad de la educación, la modernización integral del sistema y su respuesta (Salinas, 1989, pp. 2–3). Del texto anterior se deriva ya la obligación del Estado mexicano de mejorar la calidad y la equidad de la educación, lo que en la intencionalidad misma del discurso que la postula marca la negatividad o la falta: reconoce explícitamente que no hay equidad y no hay calidad pese a las buenas intenciones de los discursos anteriores y acciones derivadas de estos y, por lo mismo, se evidencia la persistencia de condiciones serias de incumplimiento en cuanto al ejercicio del derecho a la educación de muchos mexicanos y mexicanas, lo que pone al descubierto que el Estado mexicano aún no lograba proteger ni garantizar y respetar los derechos humanos, a lo que está obligado con la firma y ratificación de los tratados y pactos internacionales. Desde esa falta y con esa perspectiva, se perfila y proyecta la educación en México en el discurso político y legislativo, aunque con grandes contrastes en los hechos que se evidencian en el estado de pobreza e injusticia social en que se encuentran millones de mexicanos y mexicanas. Es hasta el año 2011, tras la reforma constitucional, que los derechos humanos contenidos en los tratados y pactos internacionales —el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (adhesión en 1981); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1981); la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1986); la Con-
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