DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2018 119 una participación ciudadana idónea en función de las necesidades que se pretenden solventar; entendiendo que no todos los actores sociales son los mismos, ni son funcionales para coadyuvar a todos los problemas que se presenten, en otras palabras, la sociedad civil es heterogénea en sus ideales, dinámicas y realidades, razón por la cual, se debe establecer una adecuada dinámica y practica de interlocución de los sectores sociales con el gobierno. Lo que en términos empíricos se traduce a entender que la gobernanza no implica una igualitaria y simétrica participación de los sectores sociales, sino una participación establecida bajo el tamiz de procesos cognoscitivos que permitan su eficaz implementación y modalidad de su presentación; erradicando una participación desordenada e irracional. Ahora bien, en este contexto es menester poner de manifiesto que, para poder establecer lineamientos que permitan atender problemas públicos a través de la gobernanza, es decir, de una participación ciudadana racionalizada, se necesita identificar las diversas formas de llevarla a cabo, independientemente de los canales institucionalizados que prevea el Estado. De este primer planteamiento se identifican seis formas, las cuales se señalan en un sentido genérico y enunciativo: a) el contacto con autoridades a través de peticiones, quejas o manifestaciones; b) organizaciones sociales que interactúan con autoridades de manera no formal; c) proyectos que surgen por iniciativa ciudadana; d) co–participación en la prestación o atención de servicios públicos; e) asambleas o comités públicos y f) democracia deliberativa en la modalidad de foros. De estas genéricas formas se deriva otra clasificación en función de su institucionalización: las institucionalizadas y las no institucionalizadas. Por lo que hace a las primeras —las institucionalizadas—, se debe precisar si las vías de participación ciudadana son a través de procesos representativos (democracia representativa) o a través de mecanismos de participación directa. En el rubro de los primeros se destaca el voto, el derecho a ser elegido y la militancia en partidos o instituciones políticas; en el segundo rubro (participación directa) se desatacan: el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa popular ciudadana, revocación de mandato, mecanismos de procesos participativos, entre otros. Ahora bien, en el sector de canales no institucionalizados se puede observar el tráfico de influencias y el lobby, estos en la lógica de los procesos democráticos de representación y las manifestaciones en el rubro de participación directa. Ya referido que no todo actor social puede ser reconocido estandarizadamente —en términos de la participación ciudadana racionalizada—, así como aludidas las modalidades en que la participación ciudadana se presenta, pueden identificarse algunas consideraciones importantes para optimizar el funcionamiento de la multirreferida participación. En primer término, se debe analizar la temporalidad en que se pretende adherir la participación ciudadana a una acción gubernamental, es decir, el momento de incorporación de esta en el acto gubernamental, ya que no es lo mismo permitir la participación ciudadana en el momento de análisis y planeación que en el momento de ejecución. Ya analizado el momento temporal, se debe establecer el ámbito de participación; esto es, tener presente el tema sobre el que se pretende llamar a la sociedad a participar, determinando aspectos que se someterán a escrutinio público y aspectos que no. Derivado de lo anterior, se tendrá que acordar quién o quiénes participan, a quién o quiénes va dirigida la oferta de la participación.22 Ya establecidos los tres aspectos anteriores, se debe pensar bajo qué modalidad se llevará a cabo, es decir, bajo qué formato —institucionalizado— se desarrollará la participación de la sociedad, así como hasta dónde se permitirá de esta. Y, finalmente, cuál será la consecuencia de dicha participación, se quiere decir, si los resultados de la participación serán vinculantes o solo tendrán el carácter de orientadores.23 En términos simplificados, lo anterior permite establecer cuándo, cómo, quiénes, dónde y para qué se necesita de la participación ciudadana en la actuación gubernamental. En otras palabras, permite identificar racionalmente la profundidad 22 Este proceso resulta importante, dado que por definición implica un proceso de inclusión/exclusión. 23 Es prudente puntualizar que los parámetros aquí establecidos son, desde una perspectiva lógico–teórica–causal, un primer planteamiento y acercamiento al tópico, razón por la cual representan un catálogo de estandarización básico y enunciativo, mas no limitativo ni exhaustivo. Su basificación se justifica con una metodológica sustentada en la lógica teórica, la cual permite la posibilidad que de un análisis causal se pueda prospectar, con amplio rango de precisión, los efectos y consecuencias de su ejecución.
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