118 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2018 En esta coyuntura es que la propia dinámica estadual necesita de los distintos sectores de la sociedad para poder hacer frente a las problemáticas de estos, se quiere decir, que el Estado al verse superado por las demandas sociales necesita del mismo tejido social para poder estar en condiciones de hacer frente a las referidas demandas. Esto es, que el Estado debe buscar formas alternativas de asociación, coordinación, organización, gestión y funcionamiento con el efecto de estar a la altura de los desafíos que las complejas sociedades contemporáneas demandan, teniendo como eje rector la reconstrucción de las capacidades estatales para conducir los destinos de la sociedad, no desde una dimensión directiva absoluta, sino asociativa, colaborativa y en coordinación con los distintos actores y sectores del tejido social. Lo anterior, en función de la asequibilidad que guarda una valoración de lo público emitida por un receptor de la norma, a lo distante que puede resultar la estimación del valor de lo público que pueda ser concebido al seno de un juicio gubernamental; es decir, la construcción de valoraciones públicas ciudadanas. Precisadas las causas que le dieron origen a esta forma de operar del gremio gubernamental, se está en condiciones de proseguir a dar respuesta a las interrogantes planteadas al principio de este capítulo. En un primer término, se debe identificar que, al seno de la sociedad civil, existen un sinnúmero de sectores de distinta naturaleza; con diversos intereses políticos, económicos y sociales; de diferentes estratos sociales y distintas visiones, interpretaciones y concepciones del mundo y de la realidad; razón por la cual estandarizar una participación ciudadana en los mismos términos de referencia, desde un esquema parametrizado, sería un grave error; es por ello que la participación ciudadana debe llevarse a cabo bajo rigurosos criterios de estudio, reflexión y análisis que permitan optimizar los efectos y las consecuencias que se pretenden obtener derivados de un proceso donde la sociedad civil coparticipa con el gobierno en temas de interés público. Se busca una participación ciudadana racional, organizada, idónea y lógica; esto es, se estudia la demanda social para determinar la forma más óptima en que puede involucrarse a la sociedad y se canaliza por una vía de participación ciudadana. Este reconocimiento es el que distingue a la participación ciudadana genérica de la gobernanza;21 lo que, para fines de este trabajo, se le llama racionalización de la participación ciudadana. Es decir, un proceso de análisis, estudio y reflexión lógica que den cauce a ilustrado máximo, dirigía la totalidad de la política estatal. Lo anterior era posible sin que la sociedad manifestara algún tipo de opinión pública, ya que para el Estado era posible solventar las demandas sociales, garantizar —medianamente— los derechos de corte social que implicaban un hacer estatal; no obstante, el alto coste económico que eso representaba, comenzó a mermar las finanzas públicas, lo que, naturalmente, dio como resultado un déficit y una carencia en la prestación de los servicios públicos, así como en la garantía de los derechos de calado social. 21 Esta aseveración representa una postura del autor que permite contribuir al estado del arte sobre la construcción epistemológica clásica de gobernanza. El Estado debe buscar formas alternativas de asociación, coordinación, organización, gestión y funcionamiento con el efecto de estar a la altura de los desafíos que las complejas sociedades contemporáneas demandan
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