DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2018 111 como “la intervención de los particulares en actividades públicas, en tanto portadores de determinados intereses sociales” (Cunill, 1991, p. 56). De la misma manera, engloba todas aquellas actividades de interacción e intromisión de la ciudadanía (en lo particular o en lo colectivo) hacia con las instituciones estatales y al ámbito de lo público.9 Escenario que, desde un ángulo amplio, conlleva e implica la emisión de un sufragio, la fiscalización y evaluación de la actuación estadual en todos sus órdenes y niveles de gobierno, así como el diseño, desarrollo, seguimiento y materialización de políticas públicas y/o normas de aplicación general, entre otros. La participación ciudadana con un real mecanismo de incidencia política —entendida esta como el impacto de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones de lo público— se traduce como una vía afín e idónea para empoderar a los sectores más pobres política, social y económicamente hablando, lo cual conlleva a respetar el pluralismo ideológico de la ciudadanía, característica indispensable en cualquier Estado democrático. Por otro lado, se encauza a lograr una integración fáctica entre gobernados y gobernadores, en virtud de que se permitirá generar espacios de reconocimiento pleno a las inquietudes sociales, fortaleciendo al conglomerado social a través (como ya se mencionó) del empoderamiento social. En otras palabras, una ciudadanía con la capacidad de incidir sustantivamente en la toma de decisiones de lo público, de lo de interés general. De esta manera, este tipo de participación social es un utensilio institucional eficiente para hacer contrapeso a la crisis de representación social—política y a la pérdida de credibilidad del recurso humano que representa la voluntad popular. La participación de los activos sociales en los asuntos públicos representa “una consecuencia necesaria de la evolución de la discusión sobre el Estado y la democracia” (Canto, s.f., p. 17), lo cual implica una nueva visión de la relación Gobierno–sociedad, discusión establecida por estudiosos como Villanueva, quien ha acuñado el vocablo gobernanza como una forma novedosa 9 El ámbito público es una dimensión específica de la vida social donde los ciudadanos y las organizaciones compiten o concuerdan sobre las decisiones concernientes a los asuntos de interés común. en que los gobiernos deben dirigir los destinos del lugar donde gobiernan. Desde el tamiz del autor, la participación ciudadana, con el enfoque de los derechos humanos, permite que esta cuente con incidencia política, lo cual en su conjunto se representa, como mínimo, con las características siguientes: información, consulta, concertación, decisión y autogestión, y es esta última en la cual el Estado operante tiene que otorgar oportunidad a la ciudadanía de tener incidencia, ya que la ciudadanía autogestionariamente debe dar cauce y solución a sus problemáticas sociales, políticas y económicas. Lo anterior, como ya quedó de manifiesto, se logra operando bajo el enfoque de los derechos humanos, donde la participación ciudadana constituye una obligación del Estado, el cual debe fungir como garante del acceso a la participación ciudadana dinámica con incidencia política real y sustancial. Es decir, la construcción de una sociedad políticamente activa. Dado que, con dicha participación política, se asegura —de primera mano— que el discurso legal y la implementación de políticas públicas consagren valores morales ciudadanos, así como procesos de planificación emanados de la colectividad, la cual debe caracterizarse por la integración de “sujetos documentados, reflexivos, y críticos dispuestos a involucrarse activamente en la resolución de las problemáticas presentes en su entorno” (Giménez y Valente, 2010, p. 65). Bien lo refieren Claudia Giménez y Xavier Valente (2010): “la participación vista como la capacidad de incidir en las decisiones fundamentales que afecten nuestra vida en todos sus planos, no es fácil de alcanzar plenamente, es un proceso asociado con variados elementos” (p. 69); no obstante, los esfuerzos de los sectores social y gubernamental deben ir encaminados a garantizar el acceso a una participación ciudadana con incidencia política a la luz del enfoque de los derechos humanos. Todo este bagaje supone el acceso directo del pueblo organizado en los procesos de planificación social, así como en la injerencia en la toma de decisiones. Lo que busca esta nueva concepción de participación ciudadana, con incidencia política de facto, desde el enfoque de los derechos humanos, es como lo refiere el Fondo de Población de las Naciones Unidas (2006), “alcanzar el respeto a la
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