Derechos Humanos / Anuario 2017

90 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2017 al ser amenazada de muerte y allanado su domicilio, se vio forzada a salir de su vivienda. En el asalto a su domicilio removieron y robaron sus documentos personales, amenazándola con machetes. Las amenazas de “te vamos a desangrar”, “cuidado porque te vamos a dar un levantón”, desde enero fueron subiendo de tono hasta que el 28 de abril sufrió un intento de linchamiento (Castillo, 2017: párr. 4) . [La noche en que fue hostigada], el señor al frente, con palos pegaba en las piedras y afilando machetes gritando: “pinche puto te vas a morir”. “Tuve que huir de mi casa” ( Castillo, 2017: párr. 5 ). Al volver a su domicilio para alimentar a sus mascotas, “fue hostigada nuevamente al pie de la carretera y perseguida. Me alcanzó el señor […] asegurándome que no me acercara otra vez. Me dijo que tenía gente que iba a desaparecerme, y que mejor no durmiera porque llegarían para asegurarse de que yo no despertara (Castillo, 2017a: párr. 6-7). Por otro lado, enfrentó dilación y discriminación en la Casa de Justicia en Izúcar de Matamoros: “Le informaron que la acusación no se iba a agilizar hasta que se presentara con un abogado o entregara dinero y se negaron a darle copia de su declaración de la que sólo le permitieron tomar el número” (Castillo, 2017a: párr. 9). Posteriormente acudió a la Fiscalía de Atención a Delitos de Género en Puebla, a la que solicitó medidas cautelares y la investigación de sus agresores. En la cobertura periodística del caso, la activista refirió la existencia de intolerancia y prejuicios de parte de habitantes de la región de la cual fue expulsada, quienes mantienen vínculos con organizaciones criminales, y donde el actuar de tales grupos está marcado por el cacicazgo y la impunidad. “Recientemente presentó un proyecto en el Fondo Mundial Trans para apoyo de las mujeres de la comunidad LGBTTI que quieran retirarse del sexo servicio”, ha apoyado a la comunidad LGBTTI y exigido “el esclarecimiento de crímenes, violencia, acoso y agresio- nes contra ellas” (Castillo, 2017a: párr. 17) A la fecha, los medios de comunicación no han dado más segui- miento al caso, sin embargo, el hecho expone una realidad poco conocida, documentada y menos aún, atendida por las autoridades municipales, locales y federales. Las organizaciones de la sociedad civil Vida Plena y No Dejarse es Incluirse, le dieron apoyo, pues ya no pudo regresar a su casa ni a su trabajo. En el caso expuesto, se identifica la afectación simultánea de varios derechos humanos, en un con- texto donde está presente la delincuencia organizada que, como en muchos lugares de nuestro país, ope- ra al amparo de la impunidad. Tales grupos operan con prácticas que tienen una lógica propia del crimen organizado, como son hostigar, acosar y amenazar con “desangrar” a las personas, darles un “levantón” o desaparecerlas. Se identifica la afectación simultánea de varios derechos humanos, en un contexto donde está presente la delincuencia organizada que, como en muchos lugares de nuestro país, opera al amparo de la impunidad.