Derechos Humanos / Anuario 2017

82 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2017 suficientes de prevención, asistencia y reparación legítimas y efecti- vas para las víctimas. Incluso, si no contamos con los recursos nece- sarios para realizar el conteo de personas afectadas, no será posible realizar la legislatura pertinente para su atención. Reconocer la existencia de desplazamientos de poblaciones y estimar su magnitud es crucial para avanzar en la resolución humanitaria del pro- blema. Asimismo, es preciso conocer las vivencias, preocupaciones y necesidades de las poblaciones desplazadas. En este sentido, es ur- gente diagnosticar la situación de los desplazados a fin de atenderlos de manera pertinente (Durin, 2013: 156). Estas acciones deben ser los principios que guíen el acercamiento al fenómeno en México, lo cual dará paso a la asistencia humanitaria que cientos de miles de personas esperan y necesitan. Tomando en consideración el caso colombiano, es posible afirmar que “requerimos de voluntad política para reconocer el fenómeno, y entonces diagnosticar su magnitud y la situación” (Durin, 2013: 187). Por un lado, el Estado podría tener un aproximado tomando en cuenta factores como salud y educación, mesurando cuántas personas dejan de asistir por los servicios y bajo qué circunstancias. Pero, por otro, la asistencia puntual y esporádica (entrega de despensas, por ejemplo) de los gobiernos locales no es suficiente. Es imprescindible la coo- peración de todos los órdenes de gobierno, organizaciones civiles, la academia y las propias víctimas en la creación de protocolos y políti- cas destinadas a la atención sistemática del fenómeno (Durin, 2013: 187). Haciendo indispensable, la identificación de las autoridades puntualmente responsables –federales, estatales y locales–, la delimi- tación de sus responsabilidades y la definición del punto hasta el que se debe actuar en la prevención y atención del DFI (Robledo, 2013: 9). Desde la antropología aplicada será fundamental acercarse a las experiencias de las personas en esta situación, para que a partir de ellas se construyan los programas de trabajo adecuados, congruen- tes con las necesidades de las personas mismas (Martínez, 1999: 323), ya que, incluso si sólo tomáramos el caso de los desplazados por violencia (y no por conflicto étnico, político, religioso, desastres naturales o desarrollo de megaproyectos), las víctimas son diversas: niños y niñas, hombres, mujeres, ancianos e indígenas. Pues son precisamente estas distinciones las que “afectan de modo esencial la vida” (Martínez, 1999: 315), haciendo necesaria la atención dife- renciada, es decir, hacer políticas (en plural) adecuadas a la medida y contexto enfrentados. Además, desde la antropología será posible realizar reflexiones de los conceptos circulantes alrededor del DFI como violencia, género, migración e identidad, contribuyendo a la creación de memoria (Durin, 2012: 40). Ante el desplazamiento interno, nos enfrentamos a una realidad com- partida por miles de personas que demandan la búsqueda de solucio- nes duraderas, que brinden atención integral cultural y socialmente per- tinente a los desplazados. De tal modo que las políticas de atención a la población desplazada no pueden ni deben ser homogéneas, debido a

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