Derechos Humanos / Anuario 2017

78 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2017 construido el andamiaje legal e institucional per- tinente para la atención de refugiados en el país, pero poco (o nada) ha hecho para auxiliar a sus desplazados. Especialmente, existe una resisten- cia para adoptar los Principios Rectores del Des- plazamiento Interno en la legislación doméstica (Rubio y Bacchi, 2016: 238), pues integrarlos en el marco interno daría por entendida una aceptación frontal y formal de los episodios de desplazamien- to en el país. En términos político-comunicativos sobre el dis- curso diplomático mexicano es posible apreciar que el Estado forma parte de una “espiral del si- lencio” (Noelle- Neumann, 1995). Es decir, en foros multilaterales México converge con las ideas “pro- gresistas” de derechos humanos y protección de la persona a través de su discurso reivindicativo de los refugiados y los desplazados. Sin embargo, este acto no implica acciones más allá de sus de- claraciones en la esfera pública internacional. En otros términos, algunos criterios son ampliamente aceptados dentro de la opinión pública (protección de los desplazados o refugiados, por ejemplo), por eso quien sea partidario de ellos (el México diplo- mático) tiene la libertad de expresarlos (por miedo al aislamiento si no se hace); subyugando las opi- niones contrarias (de no protección o no recono- cimiento) bajo la sombra del discurso dominante (Noelle-Neumann, 1995). Es así como, más allá del discurso diplomático la espiral del silencio puede evidenciarse a través de la visita del Dr. Deng, representante del Se- cretario General de las Naciones Unidas para los Desplazados, en 2003. En 2002 el gobierno mexi- cano invitó formalmente al Representante con la intención de elaborar un informe sobre la situación de los desplazados en el país. Al año siguiente las recomendaciones son emitidas desde las Nacio- nes Unidas. El Estado se compromete a revisar la situación y a crear una instancia para atender el desplazamiento en 2004, lo cual no ha sucedido (Rubio y Bacchi, 2016: 254). La responsabilidad pública y discursiva del Estado para atender a las víctimas, se disipa entre la espiral del silencio a más de diez años de dichas declaraciones y “de- beres” adquiridos ante la comunidad internacional. Más allá de la espiral del silencio, la tradición de asilo (recibiendo a disidentes de la Guerra Civil Española o el conflicto armado interno en Guate- mala) y la evolución normativa e institucional a re- fugiados en México no representan la realidad del desplazado mexicano: [Que] Nuestros dirigentes y diplomáticos construye- ran un discurso que caracterizaba al país como uno responsable y solidario frente a las tragedias huma- nitarias… de otros […] continuó con la promoción y defensa de la dignidad humana allá afuera …cuando la tragedia humanitaria tocó tierra propia, la respues- ta se volvió una de negación, cerrazón e insensibili- dad. Las contradicciones entre la política interna y la política exterior mexicana en ningún área se han manifestado de forma tan evidente como en la de los desplazados internos por la violencia (Rubio y Bac- chi, 2016: 268) El reconocimiento formal del fenómeno es funda- mental en la atención del problema, pues a par- tir de ésta se derivará la legislación, que a su vez permitirá el desarrollo de un marco jurídico para la protección de esta población, pero también para la prevención y asistencia del fenómeno. Es impres- cindible visibilizar el desplazamiento: desde las organizaciones de la sociedad civil y la academia a través de la creación de consciencia en la comu- nidad (Coalición Pro Defensa del Migrante, 2016: 23) no sólo en el propio gobierno. Al mismo tiem- po, queda pendiente la exploración del papel que juegan los medios y la opinión pública (fuera de la diplomática) sobre las crisis humanitarias actuales. 2.1 Desplazamiento por violencia en el noroeste del México: la “narcoviolencia” Como ya se ha mencionado, el desplazamiento es difícilmente reconocido por el Estado en cualquie- ra de sus causas, pero especialmente represen- ta una amenaza para la estabilidad del gobierno cuando es consecuencia de la violencia: criminal y de las propias autoridades. El DFI derivado de la violencia es constantemente invisibilizado para actores claves en su atención como la academia e instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil (Mercado, 2013: 151). El desplazamiento in- terno por violencia derivado de la “Guerra contra el narcotráfico” es el más complejo de digerir. Tal como Sebastián Albuja y Laura Rubio refieren en Durin (2013: 157): “hay un silencio absoluto sobre el desplazamiento interno de población –una de las consecuencias más graves de esta guerra–, así como de la responsabilidad del Estado frente