Derechos Humanos / Anuario 2017

DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2017 77 de las personas desplazadas internas debido a la ausencia de reglamentación o la falta de especifi- cidad del fenómeno que obstaculiza su registros y por tanto, su atención” (CMDPDH, 2017b: párr. 8). Recientemente, en mayo de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pu- blicó su primer reporte en la materia, documen- to pionero estatalmente en desplazamiento. La CNDH informó que en México hay 35 433 casos de desplazamiento interno, ya sea por delincuen- cia, conflicto religioso o desastre natural. Los esta- dos de Tamaulipas (20 000 PID), Guerrero (2 044 PID), Chihuahua (2 000 PID) y Sinaloa (769 PID) son los de mayor prevalencia de DFI, todos como consecuencia de la delincuencia (CNDH, 2016: 154). Pero ¿qué causa esta diferencia abismal de cifras?, ¿a qué nos refiere esta disonancia entre la percepción del IDMC y la CNDH? Las respuestas a estas interrogantes están da- das en función del reconocimiento que cada una de estas entidades hace del fenómeno. En Méxi- co “no existe ninguna agencia nacional que dé seguimiento a los desplazamientos forzados de población en el país, se desconoce el paradero y condiciones de vida de los desplazados internos” (Durin, 2012: 33). Tal como se ha mencionado, el informe de CNDH de 2016 es el primer acer- camiento nacional del Estado a la cuestión de los desplazados desde la visita del Dr. Deng en 2003. Las cifras ofrecidas por la CNDH son sólo una muestra de la magnitud del problema que re- presenta el DFI en el país, por lo que incluso ellos mismos alientan la realización de un censo que determine con exactitud el número de víctimas en todo el territorio (2016: 155). Por otra parte, a partir de la estrategia de com- bate al crimen organizado iniciada durante el se- xenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), la llamada “Guerra contra el narcotrá- fico”, corporaciones de seguridad estatal y fuerzas armadas criminales han sostenido enfrentamien- tos prologados a lo largo del país. En este con- texto se han gestado secuestros, desapariciones, reclutamientos forzados, despojos, extorsiones y violaciones graves de derechos humanos que han dado cabida a un “nuevo” flujo de desplazamien- to interno en México (CMDPDH, 2017a). Derivado de la violencia, al menos 21 031 mexicanos fueron desplazados temporal o permanentemente de sus hogares durante 20 episodios masivos en 2016. En aquel año, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Vera- cruz, Michoacán, Durango y Tamaulipas fueron los estados más afectados por dicho fenómeno (CM- DPDH, 2017a). 2. El problema de contabilizar y recono- cer: el discurso vs. la praxis El Estado no ha reconocido completamente la di- mensión del problema de desplazamiento en el país. Al negar la magnitud del fenómeno se “im- pide su atención”, lo que ha provocado que “la in- mensa mayoría de desplazadas en México están confrontando este drama humano a título personal, sin ningún apoyo institucional, público o privado” (Mercado, 2013: 151). Dada la invisibilidad de este sector, hay una falta de políticas públicas y leyes funcionales que lo atienda, sobre todo, derivadas del no reconocimiento y su consecuente dificultad de medición. Tal como expone Mercado (2013) las dificul- tades del desplazamiento generalmente son en- frentadas a “título personal” o en ocasiones las víctimas son auxiliadas por organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, poco conocimiento se tiene sobre las acciones gubernamentales en apoyo a esta población. Las autoridades no se in- teresan ni cooperan con las organizaciones civiles involucradas en el tema que tienen la intención de auxiliar a esta población (Coalición Pro Defensa del Migrante, 2016: 21-22). Sobre todo, existe un desplazamiento forzado que en especial ha sido difícil de reconocer por el Estado, el provocado por el clima de violencia criminal derivado de la “Gue- rra contra el narcotráfico”. Existe una brecha en cuanto a la aceptación y reconocimiento del DFI por el Estado y el discurso diplomático mexicano sobre el mismo tópico, pero también sobre los refugiados y la aceptación de la figura de asilo. De tal forma que: Existen fuertes contradicciones entre el discurso político-diplomático mexicano y la política interna: mientras el discurso se ha distinguido por la acti- va promoción de los derechos de los refugiados y los desplazados internos en foros multilaterales, la política interna respecto al desplazamiento interno se ha distinguido por omisiones graves. (Rubio y Bacchi, 2016: 237-238). De esta manera intentando mantener la co- herencia entre el discurso y la praxis, México ha