Derechos Humanos / Anuario 2017

DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2017 57 paz de neutralizar a los grupos del crimen organi- zado sin cancelar las posibilidades de capturar a los señalados con vida, conforme a los protocolos de actuación policial que establecen la propor- cionalidad en el uso de la fuerza (Barrón, 2012). Por ejemplo, emplear más sistemas como los FN Defender, que consisten en una ametralladora li- gera calibre 5.56 sobre una torreta que se ope- ra a control remoto desde el interior de vehículos blindados, dicho sistema es capaz de neutralizar amenazas con el mínimo uso de munición, garan- tiza la seguridad del operador y se ajusta a los principios de proporcionalidad. b) Exigir que se promueva dentro de las Fuerzas de Seguridad el uso de cámaras corporales con mecanismos de seguridad electrónicos que im- pidan la alteración del material recabado. c) Inspeccionar periódica e imprevistamente el armamento con el que las Fuerzas Armadas y la Policía Federal realizan labores de seguridad pública con ayuda de especialistas en el área, de esta manera se podría evitar la pérdida ma- siva de vidas humanas por excesos como suce- dió en Tanhuato. d) Exigir a los mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal dar cumplimiento a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (Sarre, 1992) y establecer una observación permanente cuyo objetivo sea verificar se cumpla con esa tarea. e) Promover el uso de medios no violentos para disuadir a los infractores de la ley de entregar- se a las autoridades deponiendo las armas, ya que dichos mecanismos han sido desplazados por el uso excesivo de la fuerza, es necesario recuperar y capacitar a los elementos policia- cos y militares en técnicas de disuasión verbal y dotarlos de herramientas suficientes como megáfonos y granadas aturdidoras no letales a las unidades que cumplen con tareas de segu- ridad pública. En países también azotados por la violencia, como Colombia, dichos métodos alternativos a la fuerza letal han empezado a funcionar. 6 6 En Colombia se realizan perifoneos aéreos en helicópteros para motivar la desmovilización de integrantes de grupos guerrilleros y han mostrado resultados favorables, en México dicho mecanismo podría ser utilizado para disuadir a integrantes de grupos criminales de entregarse cuando se susciten enfrentamientos como el de Tanhuato, Michoacán; con dicho procedimiento de persuasión, se podrían salvaguardar vidas como alternativa al uso de la fuerza letal y, al mismo tiem- f) Exigir al Estado mexicano una política frontal de combate al tráfico de armas, medios comisivos que favorecen el recrudecimiento de la violencia entre grupos del crimen organizado e impulsan de manera indirecta una agenda de seguridad con una apariencia cada vez más militar. Proposiciones finales Una tarea de incontables desafíos y semejantes di- mensiones demanda una corresponsabilidad entre las instituciones, en todos los niveles de Gobierno y, especialmente, con aquellas instituciones seña- ladas de normalizar las violaciones a los Derechos Humanos, principalmente cuando parece inminen- te la aprobación de una Ley que representa un grave retroceso en esa materia. Asimismo, existen amenazas que requieren de un frente común para ser superadas, como el tráfico de armas que ha provocado la carrera armamentística entre el Esta- do y los grupos del crimen organizado, cuya solu- ción no debe pensarse en función de quien o quie- nes poseen la mayor capacidad de fuego, en esa lógica unilateral sólo los fabricantes y traficantes de armas en el extranjero resultan beneficiados, mientras en México el conteo de víctimas se per- petúa, es indispensable frenar o por lo menos dis- minuir el flujo de armas ilegales que incentiva de manera indirecta los excesos por parte del Estado. Debilitar las estructuras financieras de los gran- des cárteles del narcotráfico dentro y fuera del país golpearía directamente a las grandes y onerosas compras de armamento que estas organizaciones realizan en el extranjero. Al disminuir la cantidad de armamento que son capaces de adquirir, se verían obligados a replegarse, su poder de fuego mermaría y podrían ser contenidos por fuerzas po- liciacas sin necesidad de usar armamento pesado, así como prescindir del permanente apoyo de las Fuerzas Armadas, las cuales deberían regresar a sus cuarteles cuanto antes. Atacar el cáncer de la impunidad protegería tantas vidas como impediría que entren ingentes cantidades de armamento ilícito al país. Restituir a las víctimas de la violencia y juzgar a quienes al amparo de la opacidad institucional asesinan, desaparecen, torturan y negocian con los líderes del crimen organizado han sido en otras naciones, po, hacer valer el Estado de Derecho.