Derechos Humanos / Anuario 2017

52 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2017 sivamente militar, destacan: helicópteros artilla- dos UH-60, MD-530, Mi-8/17, fusiles anti-material Barret M82A, lanzagranadas automáticas Mk-19, ametralladoras ligeras FN Herstal, lanzagranadas MGL, aviones de Guerra electrónica Embraer 145 AEW&C, obuses Norinco, lanchas misileras Aliya Saar equipadas con misiles anti-buque Gabriel Mk2, misiles antiaéreos 9K38 Igla, misiles an- ti-carro MILAN, blindados Panhard y Amx-30, etc. (Guevara, 2003). El equipo mencionado anterior- mente obedece a lo que denominaremos una Pri- mera Etapa de Modernización , a raíz del conflicto armado en Chiapas de 1994, dado que la mayoría de dichos equipos están diseñados para la guerra en campo abierto en conflictos de baja intensidad, la sustitución de equipos más antiguos y garanti- zar la seguridad de instalaciones estratégicas ante fuerzas provenientes del exterior, tal es el propósito de equipos ya mencionados como los misiles anti- aéreos y las lanchas misileras. A finales de la administración del presidente Vicente Fox, los índices de violencia atribuida a las disputas entre cárteles de la droga comenzó a intensificarse en diversas regiones del país, espe- cialmente en el norte y El Bajío. La nueva escala- da de violencia mostraba un nuevo rasgo que se convertiría en el común denominador: el uso por parte de estos grupos de armamento cada vez más sofisticado como: fusiles de asalto automá- ticos, dotados de cargadores de alta capacidad, granadas de fragmentación, fusiles anti-blindaje, ametralladoras pesadas de diversos calibres, mu- niciones perforantes, lanzacohetes y lanzagrana- das (Barrón, 2012: 108-115), equipos obtenidos en su mayoría de manera legal en Estados Unidos (y en menor medida en países de Centro y Sudaméri- ca) e introducidos ilegalmente a México desde los estados fronterizos y puertos, muchas veces en complicidad con las autoridades (Weigend, 2015). No obstante, los enfrentamientos entre bandas cri- minales con ese tipo de armamento solían suceder como hechos aislados que aparentemente podían ser contenidos con la presencia de Fuerzas Fede- rales en las zonas donde ocurrían dichos eventos, que a través del Operativo “México Seguro”, lanza- do por el presidente Fox, buscó disminuir los cre- cientes índices de violencia. Sin embargo, el escenario se modificó al inicio de la administración del presidente Felipe Calde- rón Hinojosa, el número de enfrentamientos en áreas urbanas en donde destacaba el empleo de armamento con características militares se incre- mentó vertiginosamente, situación que impulsó la necesidad de lo que denominaremos la Segunda Etapa de Modernización de las Fuerzas del Esta- do, ya que en esta etapa además de las Fuerzas Armadas también se incluye a la Policía Federal como beneficiaria de este proceso, el cual obe- dece a la necesidad de contrarrestar con mayor potencia de fuego a los grupos del crimen organi- zado, a través de la adquisición de una conside- rable cantidad de nuevo y moderno armamento, en este etapa destaca el siguiente material: fusiles y ametralladoras de origen Israelí (IMI Galil), esta- dounidense (Barret, Colt), checo( Ceszka), belga (FN Herstal), alemán (Hecler & Koch), suizo (Sig Sauer); helicópteros y aviones con la capacidad de ser artillados de origen: francés (Eurocopter), estadounidense (Sikosky, Bell), ruso (Kazan He- licopters); vehículos blindados artillados de ori- gen: israelí (Oskosh); sistemas de ametralladoras operadas a control remoto de origen belga (FN Herstal); sistemas lanzacohetes de origen ruso (Rosoboronexport); sistemas de ametralladoras multicañón para helicópteros y aviones ligeros (Dillon Aero) y lanzagranadas de origen sudafri- cano (DENEL). Cabe resaltar los millonarios in- centivos para la industria militar nacional que co- menzó a fabricar armamento diseñado en México (Quevedo, 2017) como fusiles, lanzagranadas y vehículos blindados, así como para ampliar sus instalaciones. De lo anterior es posible deducir que la voluntad política del Estado mexicano se encuentra todavía lejos de atender las causas estructurales de la vio- lencia, privilegiando una política de seguridad de tipo militar, que aun con la extensión de sus opera- ciones no garantiza el acceso a la justicia y, mucho menos, podría atacar las complejas problemáticas de carácter social que originan la violencia, la cual requiere de políticas públicas que podrían tardar décadas en mostrar resultados favorables (Polina, 2007). Letalidad en el uso de la fuerza El despliegue masivo de Fuerzas Federales lejos de apaciguar el clima de violencia por las dispu- tas entre cárteles de la droga, derivó en graves violaciones a los derechos humanos. La potencia