Derechos Humanos / Anuario 2017

DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2017 159 La movilización social en contra del proyecto tuvo diversas etapas, efervescentes y coyunturales, que además de visibilizar la problemática local que im- plicaba la construcción del parque, denotó conflictos estructurales más amplios y profundos, presentes en la entidad, entre los que resaltó el impacto de las mo- dificaciones hechas a la Ley Orgánica Municipal y al Código Civil del Estado de Puebla, que habían reper- cutido desde diciembre de 2013 en las formas de or- ganización de la vida política y religiosa de las juntas auxiliares de los municipios del estado, al intervenir en los procesos de selección de sus representantes comunitarios, quienes ahora serían elegidos mediante mecanismos im- puestos por el Gobierno estatal. Como una violación a su derecho a la cultura, a la consulta, a la iden- tidad y libre determinación, expresada en sus formas de organización, usos y costumbres. San Pedro Cholula y San Andrés Cholula 13 perdieron la facultad de elegir a sus jueces y el control de su registro civil, lo que denotaba una renovada dependencia y centralización del poder estatal. El conflicto, caracterizado por la falta de apertura de los gobiernos municipales para la escucha y audiencia de la ciudadanía inconforme con el proyecto, llegó a su punto más álgido cuando en la madrugada del 7 de octubre de 2014 alrededor de las 3:00 a.m. fueron desalojados con violencia miembros del movimiento que habían tomado la presiden- cia municipal de San Andrés Cholula en forma simbólica. Aquél fue uno de los actos más fuertes de represión abierta que vivió el Movimiento por parte de elementos de la policía municipal y estatal, evidenciando una coordinación entre ámbitos gubernamentales y que desembocó en la aprehensión de líderes y activistas del movimiento (Las Voces de Cholula, 2014; Pronunciamiento Cholula Viva y Digna, 2014). A la puesta en marcha del proyecto, subyace la construcción dife- renciada del patrimonio, pero también de la modernización como una promesa “mesiánica” de bienestar generalizado, que puso en tela de juicio lo argumentado por los actores estatales; denotando que este tipo de políticas y medidas a favor del progreso no refiere para todos lo mis- mo, de la misma manera, con la misma intensidad (Revueltas, 1990) y que dicha forma de operar, se enfrenta a menudo con las consecuen- cias de su proceder, además de estar atravesada por el ejercicio, cosi- ficación del poder y violación de derechos humanos. En ese sentido, la falta de inclusión de la población en el proyecto, sin contemplar las necesidades sentidas de un contexto con una carga simbólica, histórica y antropológica, basado en valores, formas de orga- nización y prácticas cotidianas que se reconstruyen y resignifican de ese pasado “vivo”, es una forma en la que el Estado viola derechos, pues tal y como señala la UNESCO (s.f.), el patrimonio cultural requiere políticas y modelos que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, que se sustenten en la participación activa de la ciudadanía, visto como un mecanismo que garantiza y protege sus derechos. 13 Toda figura de juntas auxiliar perdió tales facultades. La movilización social en contra del pro- yecto tuvo diversas etapas, efervescentes y coyunturales, que además de visibilizar la problemática local que implicaba la cons- trucción del parque, denotó conflictos estructurales más amplios y profundos, presentes en la entidad.