Derechos Humanos / Anuario 2017

158 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2017 Patrimonio: mercancía y conflicto Si bien el decreto de 1993 reconocía a la zona arqueológica y la de monumentos de Cholula como patrimonio cultural de la nación y con ello, una serie de medidas y actores públicos destinados para su pre- servación y protección, las acciones de los gobiernos municipales y estatal ocurridas en 2014 hacen reflexionar sobre los impactos del me- gaproyecto en razón de las relaciones de poder que se construyen en la forma de producir el espacio patrimonial. Para Pérez (2015) y Cas- tells (1999) aquello significa el dominio del patrimonio cultural tangible e intangible a través de su instrumentalización en el decreto. Ya se ha mencionado que, de acuerdo con diferentes medios y decla- raciones de los actores gubernamentales involucrados, el Parque de las Siete Culturas tenía como objetivo la modernización de la zona arqueo- lógica de Cholula, “su dignificación” para impulsar el desarrollo econó- mico de la región. (Velázquez, 2014, 2015; Méndez, 2014, 2015; Más Noticias, 2014; Llaven, 2014; Gobierno de San Pedro Cholula, 2014). Aquí cabe recuperar el papel del Estado y por consiguiente de los actores gubernamentales que con una visión que traduce la moder- nización de espacios, a través megaproyectos, como acciones que conducen al progreso y mejora de las condiciones de vida en lo eco- nómico, político y social; vierten sus intereses en la propia justifica- ción de su ejecución, amparándose no sólo en la norma, sino en una estructura estatal hecha para explotar el patrimonio de esa manera. Así, el patrimonio cultural como el espacio en donde se produce la identidad individual y colectiva, donde se vierten valores, creen- cias, formas de vida y cotidianidades que llenan de significados no sólo el espacio físico, sino la propia vida de la comunidad, entra en conflicto cuando es percibido y vivido de una manera por sus tran- seúntes y dominado por el Estado. En el caso del Parque de las Siete Culturas, dos posturas subyacen respecto al valor de la zona arqueológica como patrimonio cultural: 1) En contra del proyecto, expresado en el valor simbólico, antropológi- co, social e histórico, manifiesto en las movilizaciones de la ciudadanía Choluteca con base en una identidad colectiva arraigada en tales sig- nificados y 2) A favor del proyecto que constriñe únicamente el valor económico, como un bien cultural que se inserta en una lógica de explotación y mercantilización, en donde su acceso y apropiación, se supedita sólo a aquéllos que pueden costearlo. En ese proceso de diversificación de posturas respecto a la eje- cución o cancelación del parque como un medio de resignificación del patrimonio y su transformación de un bien cultural invaluable a uno económico, atravesó distintos escenarios que complejizan la aparente dualidad del conflicto. Para el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Es- pinoza, y su homólogo de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, era claro que se trataba de un proyecto necesario en beneficio de la población, cuyo principal argumento era que generaría un crecimiento y desarrollo económico en la zona, sustentado en una mayor afluencia turística, así como mejor y mayor aprovechamiento del espacio agrícola.