Derechos Humanos / Anuario 2016

94 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2016 El caso de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado Al inicio del sexenio de Vicente Fox se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), la cual tendría la finalidad de esclarecer y ajusticiar las viola- ciones de derechos humanos cometidas en el pasado. La Fiscalía se dividió en tres secciones; la primera se encargó de investigar los casos de desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia que habían sido analizados por la CNDH (HRW, 2006: 78). Sin embargo, el funcionamiento de la Fiscalía no fue como se hubiese deseado; aun cuando existían reservas a las convenciones antes men- cionadas que imposibilitaban la investigación de casos de desaparición dados antes de la entrada en vigor de dichos tratados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año 2004, aceptó la continuidad del delito de desaparición forzada de personas, alegando que si bien el ilícito se consuma cuando se realiza la privación de la libertad a una o más personas, dicha consuma- ción sigue dándose y actualizándose hasta que aparecen los sujetos pasivos o se establece cuál fue su destino. Pese a ello la Fiscalía realizó las investigaciones y consignaciones como “privación de la libertad” (un delito que está sujeto a prescripción y que no contempla la acción de la desaparición por servi- dores públicos), en lugar de desaparición forzada, ocasionando el fracaso de la mayoría de las consignaciones (de 500 averiguaciones previas, fueron consignadas 5% (OSC, 2010: 58). La Fiscalía llegó a su fin el 27 de marzo de 2007, sin haber conseguido una sola sentencia condenatoria. Para Treviño, el fracaso de la Fiscalía se debió a tres principales razones: Fox buscó conducir el proceso de justicia a través de estructuras existentes de poder; dejó la tarea de enfrentar los abusos del pasado a las instituciones cuyos miembros habían cometido dichos crímenes; y el lenguaje de derechos humanos fue manipulado para otorgar una amnistía de facto a los perpe- tradores, y las negociaciones políticas afectaron el funcionamiento de la Fiscalía (Treviño, 2014, 33 y 34). Desaparición forzada en la actualidad mexicana La impunidad tanto legal como práctica ha generado que las desapariciones forzadas no sean sólo hechos del pasado, sino que continúen formando parte del presente del país. Los movimientos sociales siguen estando presentes al existir aún necesidades socia- les sin ser atendidas, sigue existiendo la desigualdad social y sigue siendo la represión la respuesta estatal a las movilizaciones que de ella emanan. Sin embargo, las desapariciones forzadas en la actualidad se dan en un panorama distinto. El comienzo de la “lucha contra la delincuencia organi- zada” en el año 2006 y la militarización que de ella devino, ha recrudecido el número de homicidios, ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura y desapariciones forzadas, las cuales han sido per- feccionadas y sistematizadas por sus perpetradores, pero ahora bajo escenarios y motivaciones distintas. La práctica de las desapariciones forzadas no sólo consiste en represión hacia movimientos socia- les y activistas políticos por agentes estatales; ahora intervienen, además, agentes distintos como grupos criminales, que la utilizan para eliminar rastros, sem- brar miedo en la población, la trata de personas e, incluso, para reclutar nuevos miembros a sus grupos. Son numerosos los casos de presunta desapa- rición forzada que se han presentado en los últimos años en el país, sin embargo, no existen cifras precisas e, incluso, los números oficiales discrepan entre sí. De acuerdo a Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC, 2014), la CNDH recibió 48,300 reportes de desapariciones del periodo 2005-2012, mientras que la PGR dio a conocer, en mayo de 2014, que existían 29,517 personas desaparecidas hasta ese momento. Tan sólo en el estado de Guerrero, de 2012 a 2014 se han presentado 148 presuntos casos de desaparición forzada (GIEI, 2015), mostrándose en- tre ellos casos paradigmáticos, como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 2 desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Gue- rrero; este caso ha generado gran controversia al 2 Es importante destacar que la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como muchas otras normales rura- les, tienen arraigada una cultura de movilización y lucha social, y aun en la actualidad el Estado recurre al estigma de los gue- rrilleros para eludir su responsabilidad, tanto en los derechos sociales que ignora como en los crímenes de Estado.