Derechos Humanos / Anuario 2016

DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2016 91 Esa represión se llevaba a cabo bajo el argumento de que la inconformidad genera inestabilidad social y riesgos contra la segu- ridad nacional del país (ibíd.: 23). Sin embargo, como afirma Carlos Montemayor (2010) (citado por Radilla y Rangel), la inconformidad social no inicia la violencia, sino que la primera surge para que esta última cese. Las grandes carencias y necesidades de apertura democrática, de mejor educación, autonomía de asociaciones laborales y estudianti- les, así como la resolución de diversos problemas agrarios, fueron gestando en la sociedad gran inconformidad y las bases para una lucha social. Nacieron así movimientos sociales, muchos de ellos rurales, en su mayoría en Guerrero, estado con gran inestabilidad política, y con el primer lugar en muertes por homicidios, superando incluso a entidades con mayor número poblacional (Cfr. Macías, 2008: 40) y que, hasta la fecha, el 65. 5% de su población vive en pobreza y de ellos el 24.5% en pobreza extrema) (CONEVAL, 2015). Después de que las vías institucionales fueron fallidas, los movimientos sociales aparecieron como la alternativa de cambio más adecuada para las comuni- dades, presentándose destacados movimientos a nivel rural, tales como la Asociación Cívica Guerrerense y el Partido de los Pobres y, a nivel urbano, el paradigmático caso del Movimiento estudiantil del 68 y la Liga Comunista 23 de Septiembre. Ante estos movimientos, el Estado tenía la obligación de dialogar sobre las formas de satisfacer las necesidades sociales y democráticas, pero optó por la política represiva. La violencia ejercida por el Estado se ha presentado de dos maneras: estructural e institucional. La estructural acontece en el marco socioeconómico de una sociedad que se expresa en condi- ciones de vida desiguales de su población, mientras que la violencia institucional se refiere al control, coerción y represión ejercidos por parte del Estado y los grupos locales en el poder contra la población. También se habla de violencia cultural o simbólica, la cual consiste en la inferiorización y discriminación por parte de las élites del poder hacia los grupos sociales (Radilla y Rangel, 2012: 23). Para el Estado, la paz social se impone por la vía de la fuerza, dejando de lado que la causa de violencia en el país radica principalmente en la desigualdad social; los movimientos sociales son resultado de la indignación de un pueblo cuyos reclamos no han sido satisfechos por las vías institucionales (Cantú, 2010: 15). Estas necesidades, en lugar de ser atendidas han sido silenciadas, vulnerando aún más los derechos fundamentales de la población, desapareciendo y aniquilando a activis- tas y dirigentes de movimientos sociales. Sin embargo, hoy, las desapa- riciones han dejado de ser un riesgo sólo para activistas; extendiéndose el crimen a migrantes y mujeres, y siendo los grupos del crimen organizado también uno de los perpetradores (Zalazar, 2010: 24). Como se mencionó en párrafos anteriores, en el informe 26/2001, la CNDH recopiló información de detenciones y reclusiones ilegales, y listas de personas que estuvieron recluidas en instalaciones militares Los movimientos sociales aparecieron como la alternativa de cambio más adecuada para las comunidades.