Derechos Humanos / Anuario 2016
90 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2016 Dichas desapariciones no han sido esclarecidas hasta la fecha y, de igual manera, hoy siguen presentándose una infinidad de presuntos casos de desapariciones forzadas. Tanto en las de los años pasados como en las actuales presenciamos impunidad y falta de recursos legales adecuados para exigir justicia. Sin embargo, en la actualidad no sólo son víctimas los activistas políticos; los agraviados y los perpetra- dores se han ido expandiendo; nos encontramos ante una militarización de la seguridad pública del país como consecuencia de la lucha contra el narcotráfico, la cual ha traído múltiples violaciones de derechos humanos, entre las que encontramos: tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En su informe 26/2001, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) manifestó haber realizado investigaciones sobre 532 quejas relativas a desapariciones forzadas ocurridas principalmente en la zona de Guerrero durante la época represiva conocida como Guerra Sucia entre los años sesenta y setenta (CNDH, 2001: 26), y aunque no existe una cifra precisa de desaparecidos de la época, según la revista de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, DFensor , se ha acreditado la desaparición forzada de por lo menos mil 200 personas, de las cuales 639 vivían en Guerrero (Cantú, 2010: 15). Aun con la alternancia política no se ha dejado atrás el empleo de mecanismos represivos, por el contrario, el número de desapariciones se ha elevado brutalmente, aunque ahora nos situamos ante un con- texto nacional diferente y se realiza bajo la confusión de una guerra contra el crimen organizado ( DFensor , 2010: 7), confiriendo excesivas facultades de seguridad pública al ejército, y los asesinados, torturados y desaparecidos son presentados como “daños colaterales del crimen organizado” (por lo que su muerte parece justificarse). Sin embargo, en el pasado los guerrilleros también fueron presentados como delincuentes. Por tanto, “los argumentos son similares, los escenarios distintos” (Radilla y Rangel, 2012: 26). El presente ensayo intenta dar un panorama general sobre el vínculo entre las desapariciones forzadas del pasado (ligadas en su mayoría a la represión y violencia institucional contra movimientos y la lucha social), la impunidad legal que se ha dado en los intentos por esclarecerlas, y la práctica sistemática que se sigue viviendo. Guerra Sucia y política represiva En nuestro país, durante los años sesenta y setenta, se vivía un régimen autoritario, unipartidista y presidencialista, la opinión pública se encon- traba manipulada por el Estado y no existía un espacio abierto para la oposición política. La utilización del doble discurso fue constante; por un lado, se mantenía un discurso progresista, de apertura democrática y se recibía exiliados políticos de las dictaduras latinoamericanas, mientras que, por otro, se creó un sistema para reprimir la irrupción de movimien- tos sociales tanto urbanos como rurales en todo el país (Radilla y Rangel, 2012: 24) que habían surgido como respuesta a esas carencias demo- cráticas y de satisfacción de necesidades sociales.
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