Derechos Humanos / Anuario 2016
DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2016 149 Continúo compartiendo la “seguridad” (entre comillas) de las mujeres En mi estado, las mujeres de las comunidades rurales se ven obligadas a convivir con grupos criminales, con policías y militares. Presas de terror, deben caminar bajo la mirada amenazante de los hombres con sus armas listas para disparar, para allanar cualquier hogar o para llevarse a sus hijas e hijos como botín de guerra. En la lógica de este conflicto armado, miembros del crimen organizado y policías se confunden hasta el punto de no poder discernir quién es el perpetrador de las agresiones. En Chihuahua, los niños juegan a ser sicarios. Con todos estos ejemplos de la vida real que se repiten a lo ancho y largo del país y que no garantizan la seguridad de las mujeres concluimos que quienes diseñan las políticas públicas de seguridad son los dueños del pueblo, es decir, los hombres del poder, los ciudadanos de primera. La seguridad está diseñada desde un enfoque androcéntrico, con el paradigma del hombre masculino que debe proteger las propiedades. Por tal motivo, los delitos de índole patrimonial son los que tienen mayor penalidad, atención y son considerados de alto impacto por el Sistema Nacional de Seguridad Pública; me refiero al robo, extorsión y secuestro; los delitos de género no entran en esa categoría, a pesar de que la violencia contra las mujeres es una pandemia en términos cuantitativos. Por supuesto que ese sistema patriarcal también va en contra de los hombres, en especial de los jóvenes, al haberlos socializado con la obligación de responder violentamente ante los conflictos; los hombres son asesinados siete veces más por armas de fuego que las mujeres. Está de la chingada hablar de seguridad ciudadana para las mujeres cuando quienes diseñan las políticas públicas tienen el patriarcado en el ADN. Veinticinco secretarios de seguridad pública del país son militares; ¿qué les va importar la violencia contra las mujeres? Y qué decir del gabinete de seguridad pública. Aquí surge otro gran tema que daría para otra ponencia: el negocio de las armas; los presupuestos millonarios que se otorgan a militares y cuerpos de seguridad para “dar” (entre comillas) seguridad a la población. Una propuesta es apostar a la seguridad ciudadana con enfoque de género para restablecer y fortalecer el tejido social, que va más allá de una política de seguridad basada en el enfoque represivo (más policías, más cárceles, endurecimiento de las penas, que es la lógica de los hombres que se abrogan el derecho absoluto, desde el patriar- cado, de hacer las políticas de seguridad en este país, sin atacar integralmente las causas de la violencia en la búsqueda de la equidad, la igualdad y la justicia social). El elemento clave es revertir las relaciones jerárquicas del poder entre hombres y mujeres que colocan en posición de subordinación a las mujeres, al considerar un ser humano superior al otro en razón de su sexo. En estas creencias, lo que subyace son las violencias de Presas de terror, [las mujeres] deben caminar bajo la mirada amenazante de los hombres con sus armas listas para disparar, para allanar cualquier hogar o para llevarse a sus hijas e hijos como botín de guerra.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY4MjU3