Derechos Humanos / Anuario 2016

DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2016 145 seguridad ciudadana de las mujeres debe iniciar exponiendo a las diversas instituciones que han sido baluarte del patriarcado, piedra fundamental del mito de la sumisión como destino de las mujeres. Los actuales índices de violencia y criminalidad en el hemisferio han posicionado a la seguridad ciudadana como una de las principales demandas de la sociedad hacia las autoridades. Por primera vez, en América Latina, la delincuencia ha desplazado al desempleo como principal preocupación; de aquí la pertinencia del tema. La seguridad ciudadana es concebida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, y el Estado tiene la capacidad de garantizar y proteger los derechos humanos. Esto significa que las políticas públicas sobre seguridad ciudadana deben garantizar el funcionamiento de una estructura institucional eficiente para garantizar a la población el efectivo ejercicio de todos sus derechos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, sometidas a evaluación y rendición de cuentas que favorezcan a la transparencia en el ejercicio de la función pública y combatan la corrupción e impunidad. Este último concepto me recuerda las heridas históricas de nuestro pueblo maltratado y humillado por los ladrones a la vera del camino, como los Duartes de Chihuahua y Veracruz, Padrés de Sonora, que siguen disfrutando del dinero del pueblo; nadie se escapa; sé que ustedes [en Puebla] también tuvieron su “góber precioso” y no pasó nada. Una de las preocupaciones más intensas se vincula con los focos rojos que se dan en la atención a las víctimas de la violencia y el delito, la privatización de los servicios de seguridad, la gobernabilidad de la seguridad ciudadana, la profesionalización de fuerzas policiacas, la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana. Por cierto, una de las demandas del titular de la Secretaría de la Marina en el marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana es que se cambie el marco jurídico para que el ejército asuma responsabilidades de seguridad pública. Esto es inadmisible; es el reconocimiento del Estado fallido. Por mucho tiempo se entendía que la seguridad ciudadana dependía de la policía y, bajo esa lógica, en muchos países destinan enormes recursos a los cuerpos policiacos que le restan a necesidades básicas, por ejemplo, a la cultura o a la educación; justo es lo que sucede actualmente en México, en donde hay un recorte presupuestal de 35 mil 332 millones de pesos menos que en 2016 y se amenaza con la reconcentración de escuelas; y los recursos etiquetados a la milicia son intocables. Es la lógica absurda de más armas. Cuando el Estado no cumple con su función de brindar protección contra el crimen y la violencia social, se afecta gravemente la gober- nabilidad democrática y el estado de derecho; es cuando vemos el Los actuales índices de violencia y crimina- lidad en el hemisferio han posicionado a la seguridad ciudadana como una de las principales demandas de la sociedad hacia las autoridades.